Maru Campos al borde del juicio político y hasta 40 años de cárcel por caso CIA
CIUDAD DE MÉXICO. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra en una situación jurídica compleja tras las revelaciones sobre la intervención de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en la entidad. Senadores integrantes del grupo parlamentario de Morena advierten que su conducta podría configurar delitos de lesa majestad y violaciones constitucionales que ameritan desde un juicio político hasta penas de prisión de hasta cuatro décadas.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, magistrado en licencia y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que, derivado de las propias declaraciones de la mandataria estatal y del fiscal César Jáuregui, se evidencia una «acción deliberada» para facilitar el ingreso y actuar de personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio nacional.
Según el legislador, estos agentes extranjeros ejercieron atribuciones que la Constitución Política reserva de manera exclusiva a las autoridades mexicanas, lo cual representa una transgresión directa a la Carta Magna, específicamente a lo estipulado en los artículos 108, 109 y 110, bases legales que sustentan la procedencia de un juicio político.
Violación a la Seguridad Nacional
Inzunza Cázarez destacó que también se infringió la Ley de Seguridad Nacional, ordenamiento que establece claramente que la presencia de elementos foráneos requiere autorización expresa del Gobierno Federal y debe limitarse estrictamente al intercambio de inteligencia, mas nunca a la participación activa en operativos contra el crimen organizado.
Ante este escenario, el senador advirtió sobre la posible configuración del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal. Este crimen es perseguido de oficio y conlleva sanciones que van de los cinco a los 40 años de cárcel. «La Fiscalía General de la República debe abrir carpeta de investigación de manera inmediata, sin necesidad de denuncia alguna», subrayó.
Pruebas «Irrefutables»
Por su parte, el senador Óscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, coincidió en que existen elementos sólidos para avanzar en el proceso político. «Hay pruebas irrefutables; es gravísimo admitir que portaban uniformes de la policía estatal para ocultar su identidad mientras realizaban acciones de combate al narcotráfico», afirmó.
Cantón Zetina describió la postura de la gobernadora como la de una funcionaria «entrampada», consciente de haber violentado el marco legal, pero que continúa incurriendo en errores estratégicos que complicarían su defensa.
Finalmente, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa indicó que, aunque existe voluntad para proceder legalmente, se espera a la comparecencia programada para el próximo martes ante las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, encuentro que se desarrollará bajo un marco de respeto e institucionalidad para deslindar responsabilidades.
