El polémico software Pegasus, usado para espiar a periodistas y activistas en México, ha vuelto a sacudir a la clase política. Esta vez, con una acusación directa contra el expresidente Enrique Peña Nieto, quien habría recibido un soborno de 25 millones de dólares para facilitar su operación en el país, según un reportaje del medio israelí The Marker.
La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación y solicitará colaboración del gobierno de Israel para recabar más elementos del caso. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, reconoció que la información reciente “específica y precisa” amerita formalizar la indagatoria, aunque reconoció dificultades diplomáticas con Israel desde los tiempos del caso Ayotzinapa.
La investigación surge tras la ruptura entre los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Nerihan, quienes originalmente trabajaron juntos para comercializar Pegasus en América Latina. En su disputa legal, se filtraron documentos que apuntan a una supuesta entrega de recursos al entorno de Peña Nieto, a quien en los registros se alude con sobrenombres como “el hombre mayor” o “el mandato del N”.
El escándalo no tardó en escalar. Peña Nieto, actualmente fuera del país, reaccionó en redes sociales y en entrevista con Ciro Gómez Leyva. Negó tajantemente haber recibido sobornos y calificó las publicaciones como «insinuaciones maliciosas». Aseguró no conocer a los empresarios involucrados ni haber intervenido directamente en la asignación de contratos para adquirir Pegasus.
“¿Una más? No es la primera”, dijo el expresidente, defendiendo que su administración actuó conforme a la ley.
El caso Pegasus, que ya manchó a otros gobiernos, ahora pone en el centro del debate la posible colusión entre intereses extranjeros, espionaje y decisiones de Estado al más alto nivel. La FGR tendrá ahora la tarea de probar lo que hasta hoy es, en palabras del propio Peña Nieto, una acusación sin sustento.
