Entre 2018 y 2022, el Gobierno del Estado de México, encabezado por el priísta Alfredo del Mazo, contrató al menos 15 empresas fachada, a través de 40 contratos por un valor cercano a los 300 millones de euros, reveló hoy en The Guardian la periodista independiente María Teresa Montaño Delgado.
Algunos de estos contratos implican a altos representantes del PRI, el partido político que gobierna el Edomex desde hace casi un siglo, así como a nombres ya vinculados a otros grandes casos de corrupción.
Coincidentemente, nueve de los 40 contratos revisados por The Guardian involucran a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, dirigido en ese entonces por la actual candidata del PRI a la gubernatura, Alejandra del Moral, quien no ha respondido a las acusaciones.
El reportaje de Montaño, señala The Guardian, es “potencialmente vergonzoso para el PRI, que está desesperado por aferrarse al estado en las elecciones del 4 de junio” y se asemeja al entramado de la llamada “Estafa Maestra”, mediante la cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió más de 7 mil millones de pesos a través de diferentes dependencias y universidades del país, sin que a la fecha exista un culpable, pues la única detenida, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, obtuvo un amparo de un juez federal que ordena dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra en octubre de 2020
Mientras investigaba, Montaño Delgado fue secuestrada en agosto del 2021. La mujer había descubierto la firma de decenas de contratos por un valor de alrededor de 300 millones de euros —más de 5,000 millones de pesos— a través de contratos públicos con empresas fantasma, lejanas a la entidad.
Tras salir de un cita médica y abordar un taxi para dirigirse a su casa, fue asaltada en el mismo vehículo por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron. Le apuntaron con una pistola y se dirigieron a su casa en donde se llevaron todo su material de trabajo —ordenador, grabadora de voz, cámara de fotos, tabletas, cuadernos, documentos que archivaba desde hacía varios años—, así como su automóvil.
Debido a las amenazas, la periodista puso en pausa su trabajo de investigación, pero tres meses después lo reanudó con el apoyo de The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories.
Fuente: Polemón
