Al continuar con el “Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico 2020”, representantes de cámaras empresariales y especialistas en materia fiscal manifestaron sus inquietudes sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal de la Federación, que forman parte del paquete económico del próximo año.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca, resaltó la importancia de apoyar a quienes generan riqueza, pagan impuestos y crean empleos.
“El trabajo que aquí se realiza no es por la comisión, por el Congreso, gobernadores o el Presidente, sino por los ciudadanos”, expresó.
Añadió que la información que se origine se colocará en el micrositio de la comisión, a con el objetivo de que pueda consultarse por todo el que esté interesado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) manifestó que “nuestro sistema jurídico está basado en la desconfianza y nuestras leyes siempre van en la ruta de tapar caminos de ilegalidad, pero lo que se busca es desarmar el engranaje de la corrupción en todos los ámbitos.
“Se tienen plenamente identificadas pérdidas por 290 mil millones de pesos por el tema de facturas falsas de empresas; hay que ir contra los delincuentes y a los contribuyente no hay que tocarlos”, puntualizó.
Afirmó que en el paquete económico no hay nuevos impuestos, ni incrementos a los que ya están; pretende avanzar por la ruta del no endeudamiento y que no haya déficit.
Lo que se tiene es un problema mayúsculo de captación tributaria, porque no llegamos ni al promedio de los países de América Latina; además, la informalidad crece y es un ámbito que no paga impuestos.
Añadió que los salarios son muy bajos y es la principal variante de competitividad internacional, lo que está muy mal. De igual forma, domina el capital financiero y las altas tasas desinhiben la inversión productiva.
El legislador Sandoval Flores subrayó que se revisará cada sugerencia con lo que contempla el paquete para el próximo año y se dará respuesta; ése es el compromiso.
Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, precisó que lo que se le escapa al fisco en México equivale al 7 por ciento del Producto Interno Bruto. “El petróleo acostumbró a anteriores gobiernos a no cobrar y eso orilló a los contribuyentes a no cumplir, pero ahora que se acabó el hidrocarburo y el gobierno no puede cumplir estimaciones, aprietan tuercas para todos”.
Consideró que debería hablarse con claridad desde el gobierno, pero tienen temor al costo político. “El modelo que se plantea es el del machete; es decir, arrasar con todos para ver cuánto captan”.
Agregó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una institución que tiene que velar precisamente por quienes pagan impuestos, tiene 8 meses sin titular y en el presupuesto para el 2020 se le retiran recursos. “Vemos un modelo rudo de contribución y, sobre todo, que han sido ineficientes para comunicar las razones y no hablan con claridad”.
En su turno, la representante del Comité Fiscal de Index Nacional, Elizabeth González, subrayó la necesidad de salvaguardar en la ley los derechos de los contribuyentes; también es importante delimitar el tipo penal en el caso de operaciones inexistentes y establecer algún monto; es decir, que se sancione cuando se trate de cantidades considerables, porque como está la norma, con una factura de 10 pesos puede bastar para tener un problema de carácter penal.
De American Chamber, Luis del Valle manifestó la preocupación de que a delitos del ámbito fiscal como evasión o defraudación se les aplique la ley contra la delincuencia organizada. “Esa ley se expidió para combatir al narcotráfico. El narco es una empresa sui géneris no un negocio instituido, sino de células que aparecen y desaparecen, no como un pequeño o grande contribuyente que sí está totalmente establecido; por ello, no hace ningún sentido querer aplicar la ley contra la delincuencia organizada en esos casos”.
De la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Industria y Servicios, Octavio de la Torre respaldó el combate a la venta de facturas falsas y coincidió en que se considere como defraudación y delincuencia; sin embargo, dijo, es relevante distinguir al que vende con el que compra dichas facturas. “Adquirir ese tipo de documentos sí constituye un delito fiscal, pero no se equipara a un hecho de delincuencia organizada”.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos, Ubaldo Díaz, afirmó estar en contra de cualquier práctica indebida. “Es imperante fortalecer la integridad de las empresas para combatir el flagelo que es la corrupción”. No obstante, estimó que “se platean sanciones desproporcionadas con cargas administrativas y altos costos que, incluso, complicará el proceso de análisis por parte de las autoridades”.
El representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Rodolfo Servín, señaló que las reformas propuestas en el Código Fiscal de la Federación lejos de traer una simplificación administrativa del sistema tributario lo hará complejo de cumplir, no sólo para el asesor fiscal, sino para el contribuyente, lo cual podría disminuir la tributación. Apuntó que es importante analizar el artículo 31-A, pues de lo contrario se pondrá en jaque a los pequeños y medianos industriales.
De la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Miguel Ángel Suárez Amador, dijo estar de acuerdo con establecer medidas que eliminen las prácticas abusivas de los contribuyentes; sin embargo, el cómo y la forma no son los adecuados, porque es fundamental respetar el derecho de audiencia y el acceso a la justicia del contribuyente en caso de controversia, porque no todos los actos tienen intención de perjudicar al fisco.
En representación de la Asociación de Bancos de México ABM, Jorge Gaxiola indicó que la recomendación sería que las personas nunca sean directores generales de una empresa, porque es tan compleja la regulación fiscal que trata como “enemigo a los inversionistas”. El Estado requiere dar certidumbre en el sistema fiscal que le aplican al 42 por ciento de la población activa, de lo contrario el resto no tendrá incentivos para entrar a la formalidad.
Gerardo Ancira Martínez, de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, expuso que este sector desea impulsar su productividad, para ello requieren certidumbre y no incrementar más la carga fiscal, porque en la actualidad se paga un 53 por ciento del IEPS sobre el precio del producto, más 16 por ciento de IVA y en algunas entidades se cobra un impuesto adicional, por lo que propuso atender el mercado ilegal de licor, a fin de lograr obtener cerca de 8 mil 542 millones de pesos.
Del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ricardo Cervantes indicó que la cancelación de sellos digitales es la muerte civil para las empresas, y que “en las manos incorrectas pueden causar mucho daño a la economía nacional”. Propuso establecer mecanismos que posibiliten al contribuyente acreditar su situación y aclarar, el mismo día, que no está en el supuesto que provoque el bloqueo del sello, a fin de poder seguir facturando y subsistiendo. “No es posible que previo a la garantía de audiencia se cercioren del problema y se cancele el sello digital”.
Pedro Higuera, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) destacó que las facultades para evaluar el beneficio económico de una operación y recaracterizarlo son muy amplias, “ya hay muchos mecanismos para comprobar la procedencia de una deducción fiscal”, por eso planteó que se acoten los supuestos en que se debe aplicar; respecto de la eliminación de la compensación universal, pidió que se considere a los contribuyentes con un adecuado nivel de cumplimiento.
De la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), Tania Ramos propuso que para determinar el factor de actualización de las cuotas se incluya la inflación real, no la estimada, lo cual generaría certidumbre al contribuyente sobre el método de cálculo para que no se pierda el valor real de los impuestos.
Juan Antonio Arana Águila, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)) advirtió que la ampliación al artículo 17 H, fracción X, “causará un deporte nacional de cancelación de sellos”, por el mal funcionamiento del sistema tributario al no registrar las declaraciones, los pagos, o falta de notificaciones. “Es la muerte comercial y laboral de una empresa, porque no hay forma de resolverlo”. Además, sobre el ajuste del IEPS a bebidas saborizadas y tabacos pidió que entre de manera gradual, no de golpe.
También de Coparmex, Juvenal Lobato Díaz consideró que debe incluirse en la reforma el concepto de secreto profesional, además de estudiarse en parlamento abierto el tema de las empresas factureras y la defraudación fiscal. Respecto al IEPS en bebidas alcohólicas dijo que requiere analizarse los mecanismos y fórmulas para la recaudación.
Luis Curial, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, señaló que el paquete económico no sólo no atrae la inversión, sino que por el contrario, es inquisitorio para las empresas y no fomenta nuevos negocios. Respecto a la cancelación de sellos digitales, advirtió que hay un riesgo debido a que somos un país donde el 60 por ciento de las operaciones en la economía son informales.
Jesús Serrano de la Vega, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), explicó que, según el Registro Federal de Contribuyentes, a julio de 2019, de los más de 130 millones de mexicanos, sólo 72 millones 6 mil 795 son contribuyentes y poco más de millón 648 mil son personas morales. “Hay una posición de pirámide invertida en donde somos muy pocos los que mantenemos una masa muy grande de mexicanos”, lamentó.
Jesús Celodio Vela, del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, pidió hacer un análisis exhaustivo respecto de la cancelación del sello digital, porque no hay información clara y plural de la propuesta de la ley contra las facturas falsas. “Debe de ser suspendida porque dejaremos vulnerable a la comunidad contributiva del país”.
Iker de Luisa Plazas, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, expresó que el IEPS al diésel ferroviario es un daño para este sector, toda vez que representa el precio de operación de cerca del 31 por ciento del costo total, por lo que la imposición de este impuesto generaría pérdida de competitividad, desarrollo económico y empleo.
Alejandro Calderón Aguilera, de la Academia de Estudios Fiscales expuso que debe revaluarse el papel del asesor fiscal en una relación fisco-contribuyente, “si nosotros cambiamos la visión del sistema reportable a una distinta que cumpla con los objetivos para regular eficientemente permitirá fortalecer la confianza de los inversionistas”.
La representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Veracruz), Araceli Hernández, sostuvo que es muy agresiva la reforma al Código Fiscal de la Federación, con lo cual sólo se promueve la informalidad; además, apuntó que no se precisa cuáles serán las acciones para llegar a un mayor padrón de contribuyentes; pidió a los diputados mejorar la relación del fisco y el tributario.
Finalmente, el representante de la Distribuidora de Hielo, Julián Cruz refirió que esta industria fue requerida desde el origen de la vigencia de la Ley de Impuesto del Valor Agregado con un gravamen del cero por ciento, porque este producto era utilizado por familias modestas; sin embargo, en la actualidad se comercializa el hielo embolsado, lo que ha generado que estas empresas tengan saldos a favor, por lo que solicitó se regrese el dinero, a fin de dar liquidez a este sector.
