Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, abrieron en espacio abierto de diálogo a distancia entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejecutivo Federal y organizaciones de la sociedad civil, para analizar y avanzar en las modificaciones a la Ley de la propia Fiscalía.
El presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca Salazar, reconoció el interés de las y los participantes para analizar el proyecto de Ley en Parlamento Abierto. Asimismo, afirmó que este tipo de ejercicios hace que el debate sea más amplio.
A su vez, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, aseveró que cada uno de los argumentos vertidos en el foro serán utilizados para construir un instrumento jurídico que se acerque más a los reclamos de la sociedad.
El coordinador de asesores de la Fiscalía General de la República, Óscar Langlet González, indicó que el proyecto de Ley tiene el objetivo de garantizar el mejor funcionamiento del Ministerio Público de la Federación.
Desafortunadamente, señaló, la discusión sobre esta iniciativa no se ha dirigido al tema de la organización, sino en tratar de perpetuar aquellos mecanismos establecidos en el entramado legal que mantienen a la FGR bajo el mando del orden Federal.
Se ha mezclado el tema de los desaparecidos en México para justificar que la Fiscalía deba seguir instrucciones de la Secretaría de Gobernación y de sus distintos órganos, denunció. Pero la FGR permanece dentro del sistema de búsqueda, subrayó el funcionario.
En su oportunidad, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, dijo que no se trata de subordinar a la Fiscalía, sino de sumar esfuerzos para enfrentar la crisis en materia de derechos humanos.
“Queremos que por fin cumpla con su responsabilidad y acabe con la impunidad que existe en el país, donde el 98 por ciento de los delitos no se castigan”, apuntó.
Señaló que se requiere poner en el centro a las víctimas y a las instituciones responsables de garantizar la defensa de los derechos humanos, trabajar de manera conjunta, así como dejar atrás la visión anacrónica de una Fiscalía rígida, vertical, que esté por encima de los demás órdenes de gobierno y entender que la crisis que vivimos requiere de nuevas formas de actuación del Estado mexicano.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, subrayó su rechazo a la iniciativa e indicó que no es una prioridad en este momento. “En un país con 83 mil 858 personas reportadas como desaparecidas, deberíamos estar discutiendo cómo garantizamos el derecho de toda persona a ser buscadas y cómo damos con su paradero”.
Apuntó que el argumento de la FGR para abandonar la Comisión Nacional de Búsqueda y diversos mecanismos de protección de derechos humanos no es sostenible, ya que no tiene nada que ver con la defensa de su autonomía, sino de no querer ser parte de un sistema. “Las fiscalías también buscan, no sólo investigan”, sentenció.
Grace Fernández Moran, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, argumentó que se necesita una Fiscalía que trabaje de la mano de las víctimas y que sea transparente, porque actualmente “no investiga, no busca, no procura justicia, ni verdad, nada más ocupa su autonomía para los intereses de un grupo selecto”.
Es fundamental, señaló, impulsar un diálogo más amplio con las familias, organizaciones, sus representantes y organismos internacionales.
Humberto Guerrero Rosales, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, dijo que estos diálogos no pueden considerarse un verdadero Parlamento Abierto, lo suficientemente profundo, para hacer reformas de gran calado a la Ley. “El Senado les debe mucho a las víctimas en cuanto a participación efectiva”.
Martín Villalobos Valencia, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, manifestó que, a partir de este foro, debe iniciar un proceso de construcción para fortalecer a la Fiscalía, a efecto de que pueda “desterrar de sus entrañas” todos los esquemas de corrupción.
Francisco Lugo Silva, integrante de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, dijo que la autonomía no está hecha para acorazar al poder, sino para favorecer la consecución de justicia, pues es de suma importancia encontrar la coherencia entre lo que se dice y materializarlo en actos concretos que satisfagan la demanda de justicia de la sociedad.
El senador Germán Martínez Cazares, de la bancada de Morena, apuntó que el dolor de las familias debe ser el eje articulador de la reforma y que el Estado debe volcarse a la búsqueda de sus ciudadanos desaparecidos.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria sostuvo que la reforma debe generar una corresponsabilidad de concurrencias en las competencias para atender una profunda crisis de violación a los derechos humanos por la que atraviesa el país.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, indicó que la reforma libera a la Fiscalía de responsabilidades que representan una conquista y lucha de muchos años por parte de los distintos movimientos de derechos humanos.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de la bancada del PRD, informó que, ante la reiterada manifestación de los colectivos, se están haciendo propuestas de redacción para que no se afecte la autonomía de la FGR, sin que salga del Sistema Nacional de Búsqueda.
Por Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales, agregó que se busca ayudar a que la Fiscalía pueda hacer bien su trabajo, porque en México el Sistema de Justicia está colapsado.
Además, precisó que no debe salir del Sistema Nacional de Búsqueda, pues es un error pensar que se vulnera su autonomía por participar de manera coordinada “en una labor muy noble y necesaria”.
