Ante las dudas y cuestionamientos incluso al interior de Morena por algunos planteamientos que presuntamente violentan garantías individuales, el Ejecutivo federal aplazó para febrero la entrega al Senado del paquete de 9 reformas al sistema de Impartición y Procuración de Justicia en México, y solo se limitaron a esbozarlas a través del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“Vamos a seguir trabajando para que el día 01 de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, yo pueda tener una visión completa para someterla a la soberanía de ustedes, a su conocimiento y que, si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación numerosa de toda la sociedad y en este aspecto y podamos trabajar juntos”, aseveró
De esta manera, los borradores que circularon horas antes de la presentación en el Senado por parte de los funcionarios federales sufrirán modificaciones y en este sentido la oposición adelantó que no apoyarán nada que atente contra los derechos humanos de la ciudadanía.
“Las vamos a esperar y en cuanto lleguen la vamos a comentar, eso sí, no va a haber simpatías en casos que impliquen pérdida de derechos de los ciudadanos, sí va a haber simpatía en todo lo que implique facilitar justicia y todo lo que implique fortalecer autonomía e independencia”, aseguró Damián Zepeda
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, reconoció que hay un problema de violencia en México que no han logrado arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos.
“Todas estas reformas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”, aseveró
Por su parte, Gertz Manero informó que de los 33 millones de delitos que se producen en el país al año, el 90 por ciento es en contra de las personas más desprotegidas y de ellos el 90 por ciento es por temas de carácter económico que no pasan de los 10 mil pesos.
Este miércoles acudieron al senado, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez, el Fiscal, Alejandro Gertz, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer y un representante de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El consejero jurídico, aseguro que este paquete de reformas busca acabar con la impunidad, fortalecer la lucha contra el crimen y la delincuencia y atender la principal demanda de la población que es su seguridad física y patrimonial
Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que no se van a apresurar en la aprobación de las propuestas, “porque queremos otorgar instrumentos que permanezcan y que sean eficaces para enfrentar el problema de la inseguridad, impunidad y violencia”, y señaló que el análisis será a través del Parlamento Abierto.
Entre las propuestas, se mantiene y extiende la figura del arraigo para todos los delitos y no solo para delincuencia organizada como se establece en la legislación actual.
Se reduce el plazo de arraigo a 40 días máximo a diferencia de los 80 días que están vigentes, pero ahora lo hacen extensivo a todos los delitos aunque no sean delincuencia organizada como está en la actualidad.
