La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, enviada por el Ejecutivo Federal.

El documento, avalado con 23 votos a favor, tres abstenciones y cero en contra, fue remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa. Las reservas serán presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Planteamientos del dictamen

La diputada Terrazas Baca refirió que el dictamen tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, mediante el aumento de sus pensiones, un incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración de sus ahorros.

Plantea reducir el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez; pasan de mil doscientas cincuenta a mil semanas de cotización. La disminución se refleja en la modificación que se propone en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, explicó.

Esta disminución será paulatina e iniciará con la entrada en vigor del decreto con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener dichos derechos. El número necesario de semanas cotizadas se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de mil semanas en el año 2031, como se propone en el artículo cuarto transitorio, agregó.

Indicó que se incrementará, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores, de 6.5 por ciento más cuota social, a 15 por ciento.

Sobre las aportaciones, la de los trabajadores se mantendrá en sus términos; la de los patrones se elevará de 5.15 a 13.87 por ciento, y se realizará gradualmente de 2023 a 2030, y la del Estado modificará su composición sólo para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total, esta recomposición entrará en vigor en 2023.

Estos cambios se incorporan en el artículo 168, y derivan ajustes a los artículos 139, 159, 165 y 218, de la Ley del Seguro Social.

Resaltó el aumento del monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de las prestaciones de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual a fin de obtener una pensión mayor a dicho monto.

Para ello, dijo, se reforma el artículo 170, con el propósito de modificar la forma de determinar el monto de pensión, que actualmente puede ser de hasta tres mil 289 pesos, para que en lo sucesivo se calcule considerando las semanas de cotización, que se reducen de mil doscientas cincuenta a mil, y el promedio del salario base de cotización que el trabajador obtuvo durante su vida laboral y su edad.

Agregó que el cambio en la determinación y pago de la pensión garantizada también será gradual entre 2023 a 2030; al principio del periodo se comenzará a cubrir a quienes tengan 750 semanas de cotización. Por cada uno de los años restantes se aumentarán 25 semanas hasta alcanzar las mil que se requerirán.

El trabajador podrá elegir contratar los seguros de renta vitalicia o mantener los recursos en una Administradora de Fondos para el Retiro, y con cargo al saldo efectuar retiros programados.

En caso de fallecimiento del pensionado, los beneficiarios designados no tendrán que acudir a una instancia jurisdiccional para ejercer sus derechos, respetando los que les corresponden.

Para agilizar el pago de pensiones a cargo del Gobierno Federal se realizará a través de la Tesorería de la Federación.

Se plantea, añadió, un mecanismo para la revisión periódica de la gestión de la reforma a fin de que la Consar envíe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la reforma, a fin de remitirlo al Congreso de la Unión.

Refirió que se llevó a cabo el parlamento abierto de análisis a la iniciativa presidencial en materia de pensiones, en dos mesas: seguridad social y fiscal, donde participaron 52 ponentes, entre funcionarios públicos, legisladores, el sector privado, especialistas, académicos, instituciones y organizaciones civiles.

Consideraciones de diputadas y diputados

A favor, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) afirmó que esta reforma es la primera a la Ley del IMSS que se basa en cuatro pilares: el incremento gradual de las aportaciones de los patrones, el aumento significativo de la pensión mínima garantizada, disminución de las comisiones que cobren las Afores y reducción de las semanas de cotización; es decir, se podrán pensionar cinco años antes y beneficiar a los trabajadores con menos ingresos.

Por MC, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla consideró que no se contempla el alza de la aportación del Gobierno Federal en el Presupuesto, lo cual debió considerarse de forma clara. Reconoció que sí se mejora, aunque mínimamente, el tema de las pensiones y que el aumento de la aportación patronal sea gradual. Sin embargo, se requiere una reforma estructural en el futuro cercano, sobre todo, en el tema de los ingresos.

De Morena, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón apuntó que se atienden las demandas justas de la clase trabajadora, sobre todo porque en los años venideros habrá una sociedad con muchos adultos mayores, por lo que este dictamen es de la mayor importancia. Se facilitará la movilidad laboral sin generar la pérdida de los derechos de pensión y se podrá recuperar el ahorro de las cuentas individuales.

De la misma bancada, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala celebró que se fortalezca e incremente el monto de la pensión garantizada en apoyo a los trabajadores de menos ingresos, así como reducir las semanas de cotización, bajar las comisiones y que los beneficiarios, en caso del fallecimiento del trabajador, accedan a sus derechos de forma más ágil sin un proceso judicial.

También de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona afirmó que es un acto de justicia social para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en retiro y que cotizan en el IMSS, porque el único patrimonio que tienen es su fuerza laboral. La iniciativa es un inicio claro de que este sector tiene un aliado en los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) consideró que el Gobierno Federal logró un gran éxito con la negociación tripartita y obtener con los patrones y trabajadores una iniciativa en consenso. Celebró que se estandarice el monto de comisiones frenando la reducción de los ingresos de los trabajadores y detiene el escandaloso esquilmo de las administradoras.

El diputado Carlos Javier Lamarque Cano (Morena) afirmó que aunque esta reforma es incompleta, rescata la situación en que se encuentran las pensiones de los trabajadores. Cuestionó que las comisiones sean de casi el doble de la media internacional, por lo que deben disminuir. Hizo votos porque en la siguiente iniciativa de modificación se vaya más al fondo y se solucione el grave problema del sistema pensionario del país.

Del PAN, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada se expresó a favor del dictamen porque aumenta los montos de pensiones y reduce las semanas de cotización, pero alertó que también debe cuidarse a quienes generan los empleos, por lo que planteó una reserva al artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Solicitó que la regulación de comisiones se apoye en las mejores prácticas técnicas, porque la propuesta no es flexible con los topes máximos, ya que debe promover la competencia a través de la reducción.

Por el PRI, el diputado Fernando Galindo Favela comentó que el dictamen es positivo para incrementar el ahorro de largo plazo; sin embargo, consideró, hay que revisar el monto de las comisiones que se cobran a los trabajadores. No es buena idea establecer costos máximos porque va en contra de la competencia. Aseguró que su bancada está a favor de reducirlas, pero no de manera artificial. Propuso analizar el impacto presupuestario de la propuesta.

De Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez afirmó que las pensiones se relacionan con la definición de los salarios en México, donde se buscó deprimirlos por muchos años disminuyendo la posibilidad de acceder a una mejor pensión. Resaltó que los contratos colectivos de trabajo se vinculan a la precarización del salario y de control sindical, lo que evita que los empleados luchen por mejores condiciones.

Del PRD, el diputado Marco Antonio Ortega Martínez manifestó su voto en abstención. Planteó que la reducción de las comisiones no significará de forma automática el aumento de los rendimientos, con el riesgo de menos transparencia y malos servicios. Pidió conocer la previsión sobre el costo fiscal en cinco o 10 años por el aumento de las obligaciones del Gobierno que tienen cara clientelar frente a la próxima elección. La crisis pensionaria es la más grave y silenciosa; avanza sin que nadie la quiera ver, aseveró.

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