El Senado aprobó por 118 votos en pro, 1 en contra y cero abstenciones la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que establece que la institución no será invitada sino permanecerá de forma permanente en los mecanismos y comisiones nacionales en materia de derechos humanos y la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Las y los senadores atendieron con una adenda los reclamos de colectivos de la sociedad social para que la FGR se mantenga en:
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y en el Mecanismo de Protección de Personas Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció la flexibilidad que mostró la FGR, para que la institución permanezca en estos mecanismos y comisiones sin atentar contra su autonomía.
“Que la Fiscalía General seguirá participando activamente en responder a las justas exigencias de las familias de personas desaparecidas en el país, para lograr acercarlas a la verdad y a la justicia que reclaman. (…) La Fiscalía General de la República, sin duda, quedará establecida como un órgano autónomo, abanderando la verdad y la justicia”.
La nueva Ley Orgánica de la FGR prevé que la elección del fiscal será por terna, en la que el presidente de la República hará propuestas de ambos géneros y el Senado hará su designación.
El fiscal sólo podrá ser removido por el titular del Ejecutivo Federal.
Podrá renunciar al cargo, pero el Senado tendrá que calificar la gravedad para que proceda o no.
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, destacó que con esta ley se logra una fiscalía sólida, independiente, autónoma, que sirva para la procuración de justicia para todas y todos los mexicanos.
“Ha sido la voluntad de todos y cada uno de los grupos parlamentarios para presentar una adenda que entre sus principales planteamientos ha quedado de manera específica que la Fiscalía participe como integrante en cuatro instancias muy importantes, en donde por supuesto se garantiza su autonomía (…) al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión de Trata de Personas, el Sistema para Prevenir, Atender y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.
Según el dictamen, el Ministerio Público ejercerá sus funciones con independencia, autonomía y, libre de cualquier coacción.
El titular de la FGR presentará al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión un informe público anual sobre avances y resultados de su gestión.
La priísta Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, resaltó algunos de los inconvenientes de esta ley, como el otorgamiento de facultades en exceso a la FGR.
“Es un dictamen imperfecto de una iniciativa imperfecta. (…) La facultad que se pretende otorgar a la Fiscalía para emitir su propio estatuto orgánico, así como el estatuto del Servicio Profesional de Carrera, se propone una delegación indebida de la facultad legislativa, la renuncia de facto a nuestra responsabilidad de definir los criterios y los límites para el desarrollo de estas normas internas. (…) Se propone una concentración injustificada de facultades, la ampliación de la discrecionalidad en la persona titular de la Fiscalía General”.
Con esta ley se crean comisiones especiales de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión para colaborar en las investigaciones de fenómenos delictivos del orden federal.
Damián Zepeda, senador del PAN, reconoció que sin perfecta se tiene una mejor Ley Orgánica.
“Se fortalecieron los esquemas de rendición de cuentas, se fortaleció el esquema de participación ciudadana, se fortaleció, por ejemplo, el sistema del informe que presenta la Fiscalía General ante el Senado de la República, (…) de votación del informe, no nada más de recepción del mismo, la aprobación del Plan Estratégico Penal, (…) la garantía de independencia del Ministerio Público”.
Se otorgarán recompensas en un solo pago o en exhibiciones periódicas a aquellas personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones que se realicen, así como aquellas que colaboren en la localización y detención de personas.
La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales que corresponden.
