Uriel Villegas Ortiz Juez Federal, fue ejecutado junto con su esposa, Verónica Barajas, en su domicilio de la colonia Real Vista Hermosa, en la ciudad de Colima, convirtiéndose en el primer juzgador asesinado en el sexenio.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del “artero asesinato” y envió a Colima un equipo de especialistas de la Coordinación de Servicios Periciales para iniciar los peritajes y determinar cómo ocurrió el delito.
La Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitieron un comunicado en el que advirtieron que los actos intimidatorios contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación no los detendrán con su misión de impartir justicia; señalaron que revisarán los protocolos de seguridad para garantizar la protección de los juzgadores federales y de sus familias.
“… queremos mandar un mensaje claro y categórico: la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado para defender los derechos de todas las personas”
