El senador Eruviel Ávila Villegas asentó que las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a escuchar a la ciudadanía y a garantizar su derecho de exigir información sobre los asuntos de su interés.
Recordó que el derecho de petición está consagrado en el artículo octavo de la Constitución Política para que la administración pública responda a los planteamientos realizados por los ciudadanos.
Sin embargo, acotó el legislador del PRI, el plazo para que se atiendan estas solicitudes no está determinado de manera puntual en el texto constitucional y esto puede ocasionar que la respuesta no sea “oportuna, ágil o eficaz”.
Ávila Villegas propuso a la Comisión Permanente reformar el artículo octavo de la Carta Magna para establecer hasta 45 días naturales para que se brinde una respuesta puntual a una petición formulada.
Advirtió que “la deficiencia en la respuesta gubernamental frente a una petición orilla a muchos ciudadanos a ampararse frente a esta situación, lo cual genera un cúmulo de demandas cuyo desahogo representa un costo en tiempo y recursos, además de contribuir a la saturación de los Tribunales de Justicia Administrativa”.
En este sentido, otro de los objetivos que persigue la propuesta “es aliviar la carga de trabajo de los Tribunales Administrativos, al reducir el número de amparos que se tramitan cuando el particular que formuló una petición considera que la respuesta o falta de respuesta brindada por la autoridad no resulta satisfactoria”.
El senador destacó que el diálogo permanente que debe existir en la vida de una sociedad democrática entre gobernantes y gobernados no puede existir sin la obligación y el compromiso de escuchar y responder.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores para su análisis y dictamen correspondiente.
