El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes que extenderá por tres meses la entrada en vigor de las sanciones impuestas a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, señalados por presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado. Con esta prórroga, las medidas restrictivas entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre de 2025, en lugar de aplicarse de manera inmediata.
Según el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses decidieron ampliar el plazo tras constatar que el Gobierno de México ha comenzado a tomar acciones para responder a las preocupaciones expresadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Entre dichas medidas, destaca la intervención temporal del gobierno mexicano en las instituciones involucradas, con el fin de facilitar las investigaciones y mitigar los riesgos al sistema financiero.
“Durante meses, el Departamento del Tesoro y el gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero», señaló Andrea Gacki, directora de FinCEN. Afirmó además que Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para evitar que el sistema financiero sea utilizado con fines ilícitos por redes criminales transnacionales.
Las sanciones impedirán que estas instituciones mexicanas tengan acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo ciertas transferencias de fondos, lo que en la práctica implica un aislamiento económico relevante. El Departamento del Tesoro indicó que las instituciones afectadas tendrán ahora 45 días adicionales para cumplir con las disposiciones regulatorias.
Las acusaciones formales fueron emitidas el pasado 25 de junio, cuando el Tesoro estadounidense señaló que los bancos y la casa de bolsa habían canalizado recursos presuntamente ilícitos a través de operaciones con empresas de origen chino. Sin embargo, el gobierno mexicano —ya bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum— respondió que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos y que las transacciones mencionadas corresponden a empresas legalmente registradas.
México solicitó mayor información al gobierno de Estados Unidos para sustentar los señalamientos y pidió respeto a los procesos internos en curso. Mientras tanto, ambos gobiernos se comprometieron a mantener una coordinación estrecha y evaluar si será necesario conceder más tiempo antes de que las sanciones entren en vigor.
