Gobierno federal redefine el acceso al agua en Baja California con concesiones directas y fin a intermediarios

En una decisión sin precedentes, el gobierno federal formalizó la entrega de títulos de concesión de agua a cinco municipios de Baja California, marcando un cambio estructural en la gestión del recurso hídrico en la región. La medida busca eliminar intermediarios y asegurar el acceso al agua para las próximas décadas.

Durante un enlace oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la asignación de concesiones a Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. Este paso, enmarcado en la reciente reforma a la legislación hídrica, pretende terminar con prácticas que durante años permitieron la comercialización del agua en beneficio de particulares.

La mandataria subrayó que uno de los objetivos centrales de la nueva normativa es erradicar privilegios históricos en el manejo del recurso. Recordó que, al igual que las reformas impulsadas en el siglo XIX por Benito Juárez, el propósito actual es garantizar igualdad ante la ley y evitar que bienes esenciales queden en manos de unos cuantos.

Con esta transformación, los municipios dejarán de pagar a distritos de riego que, pese a tener asignaciones originalmente destinadas a la producción agrícola, comercializaban el agua sin un uso pleno en el campo. Esta práctica representó un gasto millonario para las ciudades en los últimos años.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicó que la reforma elimina la transmisión de derechos entre particulares, así como el cambio de uso con fines lucrativos. Además, destacó que se combate el acaparamiento y se fortalece la supervisión para frenar irregularidades.

Las autoridades también informaron que estas acciones han incrementado la recaudación pública y permitido avanzar en la regularización de miles de usuarios, especialmente pequeños y medianos productores, quienes ahora recuperan acceso justo al agua.

En cuanto al impacto local, el subdirector de infraestructura hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, aseguró que las nuevas concesiones garantizan el suministro hídrico inmediato y a largo plazo, brindando certidumbre a millones de habitantes.

Desde el ámbito estatal, la gobernadora Marina del Pilar Ávila calificó la medida como un parteaguas que pone fin a años de incertidumbre y abre paso a una etapa de mayor equidad en el acceso al agua.

Con este movimiento, el gobierno federal apuesta por una política hídrica centrada en el interés público, en la que el agua deja de ser un negocio para convertirse en un derecho garantizado.