Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará uno de los temas más delicados en el cierre de su actual integración: la legalidad del proceso de elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un órgano clave en la arquitectura democrática del país.
El próximo 5 de agosto, el Pleno discutirá el juicio de inconformidad promovido por Iván Bravo Olivas, quien alega vicios de forma y fondo en la elección realizada a nivel federal, centrando su recurso en el estado de Durango. Bravo —ex juez penal y ex representante del PAN— afirma que hubo irregularidades en las actas de cómputo, en la validación del proceso y en la entrega de constancias, y pide su anulación parcial.
Sin embargo, enfrenta un obstáculo legal: la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que este tipo de recursos solo puede ser promovido por quienes figuraron formalmente como candidatos. Este argumento será clave en el proyecto que presentará el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En paralelo, la Corte tiene en la agenda otra impugnación relevante: la presentada por la organización Poder Ciudadano, que cuestiona el nombramiento de Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho como magistrados de la Sala Superior. El proyecto correspondiente será elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.
Ambos juicios deben resolverse antes del 31 de agosto. La protesta de los nuevos magistrados está prevista para el 1 de septiembre en el Senado, y cualquier resolución de la Corte podría modificar el escenario electoral en el Tribunal.
