Ciudad de México.— Ante el repunte de los casos de extorsión en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa constitucional que será enviada a la Cámara de Diputados para facultar al Congreso de la Unión a emitir una ley general en materia penal que combata este delito de manera uniforme en todas las entidades federativas.
La iniciativa busca que cada estado ajuste su marco normativo a esta legislación general, que incluirá agravantes, sanciones y una tipificación clara del delito de extorsión, así como de sus variantes, como los llamados “cobros de piso”.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que el Estado asumirá un papel activo en la protección de las víctimas y testigos, y que con esta ley “la extorsión será perseguida de oficio”, es decir, sin necesidad de que la víctima denuncie, dado el alto riesgo personal que implica hacerlo.
Como parte de esta estrategia integral, Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual incluye acciones operativas y preventivas como:
- El uso del número 089 para denuncias anónimas.
- La cancelación inmediata de líneas telefónicas utilizadas para extorsión.
- La apertura de carpetas de investigación en fiscalías locales.
- El despliegue de células de inteligencia.
- Operativos en penales para confiscar equipos utilizados en delitos.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que estados como Guanajuato, Edomex, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán concentran más del 66% de los casos reportados a nivel nacional.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colaborará congelando cuentas bancarias relacionadas con extorsión, mientras se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas y equipos celulares implicados.
En paralelo, el gobierno federal reportó una reducción de 24.5% en los homicidios dolosos desde el inicio de la actual administración, pasando de 86.9 a 65.4 asesinatos diarios. Sin embargo, la extorsión ha sido el único delito de alto impacto que ha mostrado un alza del 27.7% en el mismo periodo.
“La extorsión no es un delito menor, tiene efectos económicos, psicológicos y sociales. Esta ley significa que no es solo responsabilidad de la víctima denunciar, sino del Estado intervenir y proteger”, sentenció la presidenta.
