El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó foros de consulta en Tlalixtac de Cabrera, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, con los que busca que los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos sean letra viva en la Constitución de la República.
“La participación de los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus valores y conocimientos en la vida pública nacional, es parte fundamental en la transformación del país”, afirmó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El funcionario federal indicó durante el foro de consulta de Tlalixtac de Cabrera, que estos foros forman parte del proceso de diálogo establecido por el gobierno de México con los pueblos indígenas y afromexicano, para la construcción de una iniciativa de reforma constitucional que conduzca al reconocimiento pleno sus derechos.
Tlalixtac de Cabrera exige reconocimiento de autoridades indígenas comunitarias
En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, uno de los 417 municipios de la entidad regidos por Sistemas Normativos Indígenas, los pueblos zapoteco y mixteco, así como la población indígena migrante, emitieron sus propuestas.
A este foro de consulta acudieron 432 autoridades indígenas, municipales, representantes de instituciones de gobierno y organismos de derechos humanos.
Entre los acuerdos destacados del foro, se manifestó la urgencia de reconocer en la Carta Magna a las autoridades indígenas comunitarias y asegurar el respeto a las decisiones que toman las comunidades mediante sus asambleas. Además, se propuso el asesoramiento a los pueblos indígenas respecto a las leyes del Estado, toda vez que sus términos resultan violatorios a las normas comunitarias.
Pidieron también que dentro de los juzgados y fiscalías exista un órgano específico para atender a la población indígena en materia jurídica y electoral que ejerza sus funciones con respeto a la autonomía y costumbres de las comunidades.
La defensora de derechos indígenas, Carmen Santiago Alonso, integrante del Comité Técnico de Expertos para el Proceso de Consulta de la Reforma Constitucional y Legal, expresó que lo plasmado en el documento Principios y criterios que funge como eje de la consulta, contiene las ancestrales demandas de los pueblos indígenas y afromexicano, y es el fruto de la participación activa y consciente de quienes han luchado históricamente por sus derechos:
“Como descendientes de mujeres y hombres que hicieron surgir México, tenemos la obligación de garantizar que nuestros derechos se reconozcan en las leyes y no sean letra muerta.”
Miahuatlán de Porfirio Díaz
En tanto, los pueblos zapoteco y chatino, así como la población indígena migrante de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca expresaron sus propuestas en el foro de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Las autoridades indígenas manifestaron que es preciso implementar leyes para el aprovechamiento sustentable de los bosques e invertir recursos para abatir las plagas que devastan la riqueza natural en las comunidades.
Expusieron la necesidad de volver a las prácticas ancestrales de protección al medio ambiente, a partir de la utilización de abonos orgánicos, y evitar el uso de químicos y fertilizantes que dañen su salud y sus tierras.
Expresaron la urgencia de atender conflictos agrarios para acabar con la división de las comunidades y la violencia, para lo cual se propuso trabajar de manera directa con el Gobierno de México en la coordinación de acciones que permitan resolver conflictos con pleno respeto a su autonomía.
Por otro lado, pidieron que se reconozca el tequio en las leyes como una forma de organización y aportación comunitaria, y aseguraron que es inaplazable establecer una ley de consulta a pueblos indígenas que asegure su consentimiento ante cualquier proyecto susceptible de generar afectación a sus comunidades.
En este foro participaron 670 representantes de pueblos indígenas y afromexicano, representantes de organismos gubernamentales y de instancias garantes de los derechos humanos.
Teotitlán de Flores Magón
Contó con la participación de 829 autoridades indígenas, municipales y representantes del Gobierno de México; se consultó a los pueblos mazateco, cuicateco, nahua, mixteco, lxcateco y a la población indígena migrante.
En este espacio de consulta se pidió que la reforma modifique el artículo 27 constitucional para que se regrese a los pueblos indígenas sus tierras y territorios, y asegure que se respeten sus derechos sobre los recursos naturales.
Se solicitó que los estatutos comunitarios sean reconocidos como la ley que regula la vida de los pueblos indígenas, y validar las normas comunitarias de sanción como una manera de respetar sus formas de impartir justicia.
Las Margaritas exige prohibir agroquímicos
De manera paralela a estos foros de consulta, en Las Margaritas, Chiapas, indígenas e indígenas migrante de la región tojolabal celebraron asamblea consultiva previa al foro del próximo 21 de julio en la ciudad de Comitán.
267 autoridades indígenas analizaron el documento Principios y criterios para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, guía metodológica para la realización de los foros.
En cinco mesas de trabajo se expresaron demandas como la exigencia de que el Gobierno de México respete y garantice el derecho de los pueblos a gobernarse bajo su sistema normativo interno; se pidió también contar con representación en los distintos órdenes de gobierno y que las autoridades sean elegidas desde sus asambleas.
Como parte del diálogo se externó la propuesta de generar una ley que prohíba el uso de agroquímicos y regule el uso de las tierras de acuerdo con las disposiciones que emanen de los pueblos y comunidades indígenas.
Además, se planteó la necesidad urgente de reconocer sus derechos fundamentales en materia cultural, social, política y económica en la Constitución, y que se implementen proyectos y políticas públicas que propicien el desarrollo de sus comunidades.
