En un informe presentado durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destaco que Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara se ubican en los primeros diez lugares tanto en incidencia de homicidios dolosos de mujeres como de feminicidios.
De acuerdo a las cifras oficiales del gobierno federal, hay cinco delitos contra las mujeres (feminicidios, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones) que se presentan principalmente en 16 municipios de atención prioritaria.
Estos ayuntamientos son Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis Potosí, Culiacán y Centro, informó la secretaria de Seguridad y Protección CiudadanaRosa Icela Rodríguez. la funcionaria destacó la operación del Grupo Interinstitucional para la Protección Integral de Mujeres y Niñas.
“Como primera secretaria de Seguridad del país tengo la encomienda, no sólo del presidente de México, sino la convicción y el compromiso de trabajar para que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencia en nuestra país”.
En septiembre pasado disminuyeron 63 por ciento los casos de feminicidio respecto a agosto; fue el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno, dijo, al repasar algunos de los más recientes indicadores en la materia.
En cuanto a violencia familiar también se reporta una disminución de 12.9 por ciento en septiembre, en comparación con el máximo histórico registrado en mayo de 2021.
En este año se han abierto mil 277 carpetas de investigación por violación, es decir, 28.7 por ciento más que el año anterior.
“Seguiremos trabajando para que este y otros delitos se denuncien, se judicialicen y se castigue a los culpables”, subrayó.
Recordó que para enfrentar este y otros problemas se instalaron mesas de paz estatales y regionales para acordar acciones para la prevención y atención de estos casos, con la participación de especialistas de los tres niveles de gobierno, así como nuevos programas para la prevención de los delitos.
Recordó que también hay una ciberguía, porque el uso de la tecnología ha generado nuevas formas de violencia contra las mujeres.
Como gobierno “reconocemos el derecho que tienen las mujeres a expresarse públicamente”, aunque “el gobierno le apuesta a la movilización pacífica”.
En breve se dará inicio a los 16 días de activismo para dar visibilidad a esta problemática. “Las queremos vivas, libres y autónomas”, expresó.
Fabiola Alanís, titular de la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), presentó el informe de la Secretaría de Gobernación en esta materia.
En cuanto a las alertas de violencia de género, dijo que “sirven, deben servir para que las autoridades federales, estatales y municipales hagamos lo que nos toca para mejorar la vida y la seguridad de las mujeres”.
En lo que va de la presente administración, la Segob, a través de la Conavim, ha decretado siete alertas de violencia de género para Baja California, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Puebla y Tlaxcala.
Es el mayor número decretado en menos de tres años, resaltó.
Según este recuento, 22 estados del país tienen alerta, lo que significa este señalamiento para 642 municipios (uno de cada cuatro en el país) tienen la obligación de implementar acciones especiales.
Para estas acciones se invirtieron poco más de mil 200 millones de pesos; estos recursos sirvieron para la contratación de 787 profesionistas.
“Hay que decir que a diferencia del pasado, nosotras no ocultamos ni maquillamos las cifras; la violencia por razones de género, la que ocurre contra las mujeres y las niñas, por el hecho de ser mujeres, es grave y es inocultable y estamos actuando en consecuencia, practicando la autocrítica y mejorando, entre otras cosas, las alertas de violencia de género”, señaló.
Antes, precisó que durante la presente administración se han invertido 300 millones de pesos en los centros de justicia para las mujeres. Se trata, dijo, de la mayor inversión que ha dedicado una administración federal a este tipo de centros.
Hoy contamos, subrayó, con 56 centros en todo el país, y en lo que va del año se han atendido a 174 mil mujeres (enero-octubre), esto es, que cada día, en promedio, 580 mujeres acuden a recibir atención psicológica, médica, legal, buscar asesoría o solicitar un empleo.
En la Conavim, añadió, en lo que va del año se ha atendido a 594 víctimas y sobrevivientes de violencia, más de la mitad por violencia sexual y física; 34 casos de feminicidio y siete de tentativa de este delito.
“Entre los que hemos atendido, nos han conmovido e indignado los feminicidios infantiles, algunas de las víctimas entre uno y dos años de edad, en dos casos por agresión sexual, uno a manos del padre biológico y otro a manos de un tío”.
Nueve de cada 10 violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares y a su entorno más cercano y no se denuncia por miedo, desconfianza a la autoridad o por pena. Y el mensaje debe ser claro: no habrá impunidad en esos delitos. Contamos con la responsabilidad y el compromiso, esperamos, de los jueces”.
Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, subrayó que las acciones no son suficientes, pero se trabaja a diario para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual no es exclusivamente un asunto de la mitad de la población, sino que afecta el desarrollo del país en su conjunto.
Para ello necesitamos cambiar los patrones socioculturales que promueven estas desigualdades, señaló.
Precisó que 58 por ciento de las personas beneficiarias de programas prioritarios son mujeres y niñas.
Dijo que se trabaja en un modelo integral de prevención primaria de violencia contra las mujeres, para abarcar distintos enfoques, cuyo objetivo es generar un nuevo pacto social en el que no haya cabida para la exclusión y violencia contra las mujeres.
En tanto, se desarrollan jornadas itinerantes de justicia para las mujeres rurales y derechos agrarios; en este marco se entregaron en 2020 casi 800 títulos en propiedad, y en 2021, se benefició a 2 mil mujeres, en materia de certeza jurídica y la propiedad de la tierra, y 300 acompañamientos técnicos.
En las redes constructoras de paz se informó de trabajos en 54 municipios, once municipios, donde participan alrededor de mil 500 mujeres.
Fuente: LA JORNADA
