La secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, afirmó que esa dependencia federal combate la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que se investiga lo mismo a destacados servidores públicos de la administración actual, así como a quienes tenían procesos abiertos en los gobiernos anteriores y que deben terminarse por obligación.
Al comparecer ante el Pleno, con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, subrayó que para la Secretaría de la Función Pública (SFP) no hay intocables ni perseguidos. “Hemos impuesto casi 3 mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones, 256 sanciones económicas”.
Aseguró que la corrupción fue la peor herencia de las últimas décadas y del neoliberalismo, pero “si continuamos trabajando juntos desde el Ejecutivo y el Legislativo, Estado y la sociedad, caminando con millones de mexicanos que ya están cansados de más de lo mismo, sin duda erradicaremos ese cáncer que nos lacera; la SFP pone todo el empeño para lograrlo”.
Destacó auditorías de obra pública en las que se determinaron 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos, de los cuales más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con sede en Texcoco, que “se caracterizó por pagos injustificados, sobreprecios de diversos signos, mala calidad de la obra y vulneración de las especificaciones convenidas en los contratos iniciales”.
Respecto de las auditorías a programas de Desarrollo y Operación Regional, se observaron más de 46 mil millones de pesos que estados y municipios deberán justificar o reintegrar a la Federación.
Mencionó más de mil 500 observaciones por un importe de casi 7 mil millones de pesos que los organismos estatales de control deben empezar a acreditar para dar inicio a los respectivos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Y 3 mil 500 observaciones por un monto de 14 mil millones de pesos, que las contralorías estatales deben acreditar los dictámenes de prescripción correspondientes y zanjar estas observaciones. En general, tenemos casi 2 mil observaciones que derivaron de las auditorías realizadas en 2018 por un importe de 6 mil millones de pesos.
“En el fortalecimiento de la fiscalización hemos estado asistidos y acompañados por las 32 contralorías estatales. De hecho, tengo el honor de presidir en el ámbito federal la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, con quienes hemos trabajado sin descanso”, apuntó.
Irma Eréndira Sandoval subrayó que en combate a la impunidad, se avanza también con paso firme. “Detuvimos la simulación burocrática y fortalecimos la investigación rápida de temas muy demandados por la sociedad, y además asignamos una sanción expedita en las faltas administrativas”.
Precisó que de las más de 28 mil 300 denuncias ciudadanas recibidas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, que en sí misma esta cifra es un testimonio histórico de la confianza ganada a pulso por la Secretaría de la Función Pública, ya que representa 27 por ciento adicional de denuncias que en el mismo periodo inmediato anterior.
Añadió que al 15 de octubre las denuncias generadas a partir del primero de diciembre de 2018 y hoy día, se han disparado hasta llegar a ser 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones en curso, 5 mil 510 de las cuales ya están concluidas.
Entre licitantes, proveedores y contratistas establecimos 187 sanciones e impusimos multas por más de mil 400 millones de pesos, 25 por ciento adicional que en periodo idéntico del año anterior.
La secretaria dijo que se propuso revivir y reanimar la SFP, porque los dos últimos presidentes habían planteado su desaparición, tanto en 2009 como en 2013. Durante años la secretaría sobrevivió pendiendo de un artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Explicó que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió fortalecer y mejorar la vigilancia y el control interno en toda la administración pública. Para ello, se concentró organizacional, jerárquica y presupuestalmente a todo el personal de los Órganos Internos de Control (OIC).
El personal de los OIC tiene una verdadera dependencia para vigilar el cumplimiento de la ley. Asimismo, recordó que “ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los criterios que definen la transferencia de ese gran tejido nervioso contra la corrupción, gran tejido nervioso de reacción inmediata contra la corrupción, que son nuestros 214 OIC”.
También se establecieron criterios claros y transparentes a fin de conducir e integrar el Programa Anual de Auditorías, que incorporó dos mil actos de fiscalización con un enfoque prioritario en auditorías de desempeño, revisión de procesos de adquisiciones, arrendamientos y auditorías en obra pública.
Agregó que el primer eje ha sido avanzar en la construcción de la austeridad republicana. Desde el primer momento de la administración se inició el rediseño de las estructuras organizacionales, a fin de eliminar duplicidades y fusionar áreas afines.
Al mes de octubre se han eliminado en todo el gobierno más de 8 mil 800 plazas de mando que han generado ahorros por casi 5 mil millones de pesos.
Cabe aclarar que en la estructura organizacional no se afectó, de ninguna manera, a 92 de cada 100 servidores públicos, quienes no fueron sujetos de medidas de austeridad por ser personal de base u operativo.
Estos esfuerzos se concentraron en la eliminación de plazas con nivel de dirección general adjunta, que además no tienen injerencia en el sistema de participación y que no tienen sustento normativo para su creación y gestión.
Los lujos, el dispendio y la opulencia que caracterizaron el ejercicio del poder llegaron a su fin. El nuevo tabulador estableció una disminución de entre 12 y 47 por ciento en los ingresos de los servidores públicos de alto mando en el gobierno.
De forma totalmente divergente a la austeridad neoliberal, la austeridad republicana del gobierno actual no funciona bajo la lógica del menoscabo del gasto público o la inversión gubernamental, o el franco pisoteo de los derechos sociales y fundamentales como sucedió.
La austeridad no ha quitado un solo peso a los programas de bienestar, al contrario, hemos eliminado el dispendio para fortalecerlos. “Por eso el artículo 7o. de la Ley Federal de Austeridad, que ustedes señoras y señores legisladores aprobaron, mandata la prohibición de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la Constitución en materia de educación, salud y bienestar social”.
También destacó que se ha ciudadanizado la lucha contra la corrupción. “Hemos recuperado la confianza en el gobierno, como se ha reflejado en indicadores nacionales e internacionales”.
De acuerdo con el barómetro global de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania, el 61 por ciento de los ciudadanos mexicanos avala el trabajo del gobierno en esta materia. Señalan que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador está actuando bien y muy bien en la lucha contra la corrupción, aseveró.
La SFP tiene y ofrece un programa de alertadores ciudadanos de la corrupción. “Nos hemos concretado en este auspicio de las garantías individuales de los ciudadanos que denuncian, para fomentar una cultura de la denuncia y a la vez relanzar el Servicio Profesional de Carrera”.
Pidió a los diputados trabajar en conjunto para reformar ya la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que se expidió hace más de 15 años.
“Estamos por enviarles una propuesta para que juntos podamos enriquecerla. Al mismo tiempo, hemos avanzado en el diseño de una capacitación y una formación por competencias y vamos muy bien en la certificación de competencias, especialmente para nuestros servidores públicos de casa, los auditores y los fiscalizadores. Necesitamos servidores públicos profesionales, éticos y comprometidos con el interés público”.
Asimismo, habló de democratizar las tecnologías para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. “En este esfuerzo lanzamos el portal Nómina Transparente, donde se puede consultar de manera sencilla el ingreso bruto y neto de más de 1.5 millones de servidores públicos del gobierno federal y casi 2 millones de maestros en la nómina federalizada”.
Añadió que por primera vez en la historia moderna, los 18 secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores generales, el consejero jurídico, el Ejecutivo federal y los 32 delegados federales hicieron públicas sus declaraciones y de conflicto de interés.
“Usaremos esta información para sostener el control patrimonial de los servidores públicos. Estamos trabajando para eliminar el abuso de poder, los conflictos de interés y esa corrupción estructural que tanto daño ha hecho a nuestra patria”, comentó.
La secretaria destacó que la LXIV Legislatura ha avanzado con pasos firmes y serios para transformar y fortalecer el marco jurídico en el sendero de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
“Nos han dado mejores herramientas al gobierno y a la sociedad. Con ellas vamos a erradicar la corrupción y construir la nueva ética pública que necesitamos”.
Estimó que en un acto de justicia y responsabilidad pública, hoy la corrupción ha vuelto a ser considerada un delito grave. “Esta reforma al artículo 19 constitucional era necesaria desde 1994, cuando este delito fue vergonzosamente eliminado de aquellos que merecían prisión preventiva de oficio”.
“Además, las redes de elusión fiscal se consideran crimen organizado. Tenemos una legislación para erradicar empresas fantasmas, así como una Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado que prohíbe el dispendio y separa el interés público del privado”, agregó.
