El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó su preocupación por algunas disminuciones a la educación superior. “Necesitamos darle una salida estructural para no tener problemas cada año, sobre todo porque se ha aprobado la reforma educativa y está pendiente la Ley de Educación Superior”.
Por ello, se estableció un equipo especial para tratar la problemática de este sector en todas sus variantes, involucrando a todos los sectores. “Este es un tema de los más complicados que se tienen y se ha revisado con mucha precisión el proyecto presupuestal del Ejecutivo federal. Creemos que es una buena oportunidad para llegar a un acuerdo”.
Durante una reunión con representantes de los sindicatos universitarios y de media superior, destacó que deben discutirse el Fondo para la Gratuidad que mandata el artículo tercero constitucional, y cada uno de los sistemas establecidos en la propuesta como las universidades politécnicas, tecnológicas, estatales y nacionales, y las normales, así como el Instituto Politécnico Nacional.
Además, las nóminas magisteriales, pensiones, retrasos y reducciones de las obligaciones financieras de parte de los gobiernos estatales, garantizar el respeto de los derechos adquiridos y los derechos de los trabajadores, matrícula, basificación y la calidad educativa e inversión en infraestructura, la cual prácticamente se detuvo, de lo asignado este año respecto al proyecto para el 2020. “Vamos a tener serios problemas de inversión en infraestructura”, consideró.
Ramírez Cuéllar refirió que la solicitud de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES) es de alrededor de 17 mil millones de pesos adicionales al proyecto 2020. Estimó que se contemplan muchas de las demandas y aspiraciones de los sindicatos, y ese “es más o menos el monto que analizamos”.
Planteó, asimismo, la conveniencia de reunir a todos los sectores con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, quien participa de manera activa por medio del subsecretario de Educación Superior y la Auditoría Superior de la Federación, porque hay universidades con problemas de auditoría y fiscalización, así como a las comisiones de Educación del Congreso.
Afirmó que “este tema es de los más avanzados en la discusión del Presupuesto, en la forma en que vamos a operar la discusión y resolución”.
Respecto a la Conago, refirió que los gobiernos estatales deben comprometerse a participar de manera activa en la solución del problema de las universidades, porque se han analizado las alternativas para resolver los problemas de la nómina y definir el periodo de transición.
Sobre las pensiones, Ramírez Cuéllar resaltó la importancia de “encontrar una fórmula que permita resolver el problema porque si no, todo lo que recaudemos va a ser para el pago de pensiones y no nos va a alcanzar para otra cosa”.
En el ámbito nacional, el proyecto del presupuesto para el 2020 plantea una erogación, tan solo en el gobierno federal, de más de 100 mil millones de pesos para atender las pensiones; falta analizar la situación que tienen cada una de las entidades.
La idea es sentar las bases para resolver esta problemática, porque la inercia que en la actualidad traen muchas instituciones es insostenible.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua (Morena), coordinador de los trabajos con universidades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mencionó que se busca en el próximo Paquete Económico 2020 que no haya variación del presupuesto por alumno de una universidad a otra.
Explicó que para conseguir dicha meta se plantea un presupuesto transparente, real, en el cual no endeude al pueblo, “toda vez que ahora pagamos alrededor de 70 mil millones de pesos por servicios de deuda”.
En esta administración agregó se proyecta recursos reales que ingresarán al gobierno, a través del pago de contribuciones y de la venta del petróleo; con estas acciones, se prevé solucionar los problemas de las universidades para que ya no estén año con año sufriendo por la falta de recursos.
Destacó que en este momento hay 12 universidades que no van a sacar su año fiscal con sus recursos que les otorgó la Federación.
Aclaró que la Federación siempre cumple, donde se atoran los recursos es en los estados, no dan la participación, porque lo envían para otro rubro. La Comisión realizará una Convención Nacional de Universidades y de instituciones de media superior, a fin de buscar una solución que permita otorgarles recursos necesarios para su funcionamiento.
Su compañera de bancada, la diputada Lidia García Anaya, mencionó que los integrantes de la comisión conocen todas las problemáticas que existen en las instituciones superiores y media superior: es primordial sumar esfuerzos con los rectores, directores y docentes, a fin de obtener un presupuesto que permita liberar a las universidades con problemas económicos.
Hay universidades que se quedarán en una o dos quincenas sin presupuesto para solventar los salarios y prestaciones, lo cual es muy complicado porque son salarios devengados; sostuvo ante los representantes de las instituciones superiores que los diputados son “aliados de todos los trabajadores que laboran en este sector de la enseñanza”.
Su correligionario, diputado Erasmo González Robledo dijo que en la Cámara de Diputados se dará atención prioritaria al tema de la enseñanza superior, porque hay compromiso del Ejecutivo para impulsar a este nivel de educación, y a esta “Legislatura le corresponderá hacer las modificaciones que van a transcender en las universidades”.
Hay elementos que se deben promover en estas instituciones como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil, para evitar la malversación de los recursos.
Resaltó que todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública están muy sensibles a sus necesidades. “Nosotros en la Legislatura de la Cuarta Transformación queremos decirles: que no importan las horas que nos tardemos en escucharlos, buscaremos atender las carencias del sector educativo”.
Los representantes de los sindicatos de las universidades autónomas, tecnológicas y pedagógicas de Colima, estado de México, Guadalajara, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco; así como la UNAM, IPN, INBA, INAH e institutos de media superior como el Colegio de Bachilleres, Conalep e IEMS de la Ciudad de México, expresaron que es necesario que se regularice la plantilla laboral y los topes salariales de los docentes de estos niveles de enseñanza.
Es preciso modificar la forma en la que se construye el presupuesto para estas instituciones superiores y no sean simples invitados, sino parte activa y, con ello, garantizar que se les destine lo justo, pues a algunas instituciones se les otorga un presupuesto para dos mil alumnos, mientras que estas brindan servicio a 10 mil.
Otra acción urgente para este ramo son las jubilaciones y pensiones, esta preocupación, enfatizaron no sólo es el corto plazo, porque en la actualidad los jóvenes en edad productiva han dejado de aportar al sistema de pensiones por faltas de oportunidades laborales.
Ante este panorama, solicitaron que los recursos presupuestales se dirijan a las universidades y centros educativos de media superior, a fin de evitar que el gobierno estatal reoriente estos ingresos a otros rubros.
