En el marco del Análisis del Primer Informe de Gobierno, diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD, cuestionaron al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, sobre la competencia desleal en el mercado internacional, el recorte de recursos al ramo, la política agroalimentaria y apoyos para pequeños y medianos productores.
En los posicionamientos, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez (Morena) sostuvo: “nos encontramos ante un mercado totalmente manipulado en contra de los productores y los consumidores, y una ausencia del Estado para resolver los problemas tan profundos que aquejan a nuestro campo”. Subrayó que existe una competencia “totalmente desleal” con el mercado internacional; mientras los socios comerciales tienen un precio del diésel de 5 u 8 pesos, “nosotros pagamos más de 20”.
Además, las reglas de operación “tienen atados a los productores” y tanto en la sequía como en la devastación por las inundaciones “hemos notado una total ausencia del gobierno”. Consideró que los programas de fomento a la agricultura, la ganadería y la pesca, son fundamentales para incrementar el crecimiento en estos sectores y resolver un problema de abasto; “pero esto no lo podemos llevar a cabo si no tenemos personal en las instituciones que atiendan estas necesidades”.
Por el PAN, el diputado Absalón García Ochoa señaló que el abandono de una política de desarrollo rural que beneficie a todos los productores, el desaparecer o disminuir sin razonamiento alguno programas relevantes que han ayudado a la productividad y a la exportación en materia agropecuaria “va a ocasionar que se ponga en grave riesgo la balanza comercial y se deje de exportar y generar empleo, así lo demuestran los altos subejercicios reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
El drástico recorte de recursos públicos para apoyos y subsidios, principalmente a la comercialización, sumado al desmantelamiento de la Sader “nos muestra falta de interés, de apatía y de conocimiento de la realidad”. Cuestionó cuál es el plan y los tiempos para homologar las condiciones productivas y tecnológicas con Estados Unidos y para igualar los costos de producción; pidió publicar la actualización del ingreso del maíz y que ya se pague a los productores.
Ismael Alfredo Hernández Deras, diputado del PRI, urgió a los grupos parlamentarios a trabajar en alianza a fin de lograr reasignaciones relevantes que apoyen la actividad productiva. “Requerimos que la representación y promoción de los productos en el mundo sigan siendo una parte importante para tener más exportaciones de lo que se produce en el campo. Paradójicamente, en el centenario de Emiliano Zapata, hay el riesgo de que aprobemos el presupuesto más bajo en los últimos 20 años. Unámonos por el bien del campo”.
Puntualizó que el campo vive con incertidumbre y su productividad tiene un panorama adverso; preguntó ¿por qué los recursos siguen disminuyendo? Agregó que el fomento a la agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y forestal, son programas que tienen que lograr incentivos y subsidios para la comercialización y producción; sin embargo, van rumbo al desmantelamiento.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PT) consideró trascendental que este régimen no obvie el gasto público para el campo porque hay familias que se encuentran en un marasmo económico y social. “En 2020 debemos concluir con un proceso transicional que permita vigorizar el presupuesto. Fortalezcamos la confianza de los agricultores”.
Con el objetivo de promover un pacto entre el gobierno y la economía rural, las y los diputados del PT “apoyamos las premisas de producir alimentos para lograr la autosuficiencia alimentaria y el bienestar; en el desarrollo del campo todos contribuyen; debemos transitar hacia una agricultura sostenible y sustentable y recuperar al Estado como rector de la política agroalimentaria para el desarrollo con justicia y bienestar.
De MC, el diputado Eduardo Ron Ramos aseguró que en el Presupuesto 2020, lograrán lo que el Presidente de la República plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo “apoyar a los productores mexicanos y al sector ganadero”.
Sin embargo, el sector ganadero está decepcionado porque en el Ejercicio Fiscal 2019 la gran expectativa que el Ejecutivo creo de 4 mil millones de pesos, en el programa Crédito Ganadero a la Palabra, sólo se ejercieron mil millones. “Aún se tiene el tiempo fiscal para reactivar al sector ganadero. Es por eso que debemos apoyar a los pequeños y medianos productores de México”, exigió.
Por su parte, el diputado Miguel Acundo González (PES) dijo que ni en las fantasías más delirantes de los más neoliberales podría adivinarse una reducción presupuestal de tal magnitud al Programa Especial Concurrente (PEC) 2019. “Nos sorprende que el monto presupuestal para 2020 del PEC sea de 331 mil 451 millones de pesos, inferior a lo aprobado en 2019, es decir, un 6 por ciento menor”.
También, las 15 dependencias que participan en el PEC recortaron en 19.181 millones de pesos a la SADER; SEDATU 6 mil 133 millones; al INPI, dos mil 437 millones de pesos y a Hacienda y Crédito Público, mil 434 millones de pesos. “Hablar de desarrollo rural sustentable no implica, solamente a la agricultura, sino también apuntalar desde el Estado la economía, la sociedad civil y al mercado hacia un estado de bienestar para personas que constituyen todos los días a la sociedad rural”.
Leticia Mariana Gómez Ordaz, diputada del PVEM, expresó que el campo mexicano por sus características y cualidades es fértil; sin embargo, para conseguir alimentos en la cantidad y calidad necesarios, se deben emplear insumos que permitan producirlos de forma eficaz”.
Cuestionó qué problemas ha enfrentado la dependencia en la provisión, distribución y entrega de apoyos en materia de fertilizantes en Guerrero y cómo se evalúan los resultados obtenidos en la entidad, como parte del plan piloto para implementarlo a nivel nacional, pues diversos grupos de beneficiarios han denunciado problemas.
El diputado del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas señaló: si uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal es atender a los pequeños y medianos productores, ¿cómo se entiende la disminución presupuestal prevista para 2020, ya que hay una de poco más de 20 mil millones de pesos?
Además, dijo, hay programas que tienen una gran reducción, lo que pone en riesgo su operación e incluso los lleva a su desaparición. Inquirió conocer de qué manera el gobierno atenderá a la población afectada por la marginación, inequidad y migración forzada; cuáles medidas se instrumentarán para apoyar a pequeños y medianos productores y los criterios para acortar los recursos de los planes de fomento a la productividad pesquera y acuícola.
Al responder los planteamientos y cuestionamientos de los legisladores, Villalobos Arámbula, aseguró que no se puede permitir que la desigualdad se continúe profundizando entre la agricultura empresarial, la mediana y pequeña agricultura.
“No es posible que de casi 7 millones de personas con actividad agrícola en México, 65 por ciento perciba ingresos menores a cinco salarios mínimos y el 27 por ciento ni siquiera cuente con algún ingreso”.
Señaló que todas y todos los agricultores, indígenas, pequeños, medianos y grandes productores, son importantes para el rescate del campo, pero cada sector tiene necesidades diferentes. “Nos vamos a asegurar que ninguno de ellos esté excluido, porque el actual gobierno tiene el imperativo moral de apoyar más a quienes han sido más desfavorecidos”.
“Necesitamos un modelo de desarrollo inclusivo, con políticas públicas diferenciadas para las realidades económicas distintas en nuestro propio territorio nacional”.
Rescatar al campo de la situación en que se encuentra amerita el esfuerzo de todos. “El esfuerzo de los tres niveles del gobierno, productores, campesinos, agroempresarios, académicos, y de proveedores de bienes y servicios”.
Consideró que “no podemos sentirnos satisfechos de lo logrado, mientras exista hambre en el campo y pobreza extrema; erradicar la pobreza será un logro que nos beneficie a todos, porque además de ser justo, contribuye a la estabilidad económica y social de nuestro país”.
Tampoco se puede estar satisfecho de lo que consumimos, porque depende en gran medida de la importación de alimentos básicos. “Debemos aspirar a reducir nuestra dependencia alimentaria, tenemos la capacidad productiva, los instrumentos de política pública, y la voluntad para hacerlo. La alimentación es un derecho humano reconocido universalmente y corresponde al Estado garantizarla”.
Un punto relevante, añadió, es la creación de un seguro agrícola, como un instrumento más eficiente. Anunció que recién se firmó un convenio entre la Financiera Nacional de Desarrollo y el FIRA, para hacer obligatoria la transformación de seguros para todos los créditos otorgados por estas instituciones.
La Sader se está creando una cadena productiva para los maíces nativos y fomentar su producción y conservación. “Este valioso recurso genético encierra en sí mismo saberes ancestrales, cultura milenaria y las tradiciones de nuestros antepasados. No debemos dejar que se pierda ni mucho menos dejar que se ignore”.
La agricultura mexicana altamente competitiva, que ha desafiado las demandas más estrictas de los mercados del mundo, debe empujar el desarrollo de aquellas agriculturas que difícilmente pueden satisfacer y solventar sus necesidades más apremiantes. Para ello, es clave la acción reguladora del Estado.
Añadió que es indispensable una política que reconozca a todos los productores, ganaderos y pescadores del país, pero entendiendo que tienen necesidades diferentes; debe basarse en tres pilares fundamentales: productividad, sustentabilidad e inclusión social.
Se requiere ser más eficientes en la producción agropecuaria y pesquera para enfrentar la demanda de alimentos y todos los productos que el sector y la sociedad demandan.
También, hay que producir más sin ampliar la frontera agrícola, aplicando la tecnología y el conocimiento acumulado, logrando a cualquier escala precios justos para nuestros productos, sean estos para el mercado local, el nacional o el externo.
Por otro lado, Villalobos Arámbula mencionó que los imponderables climatológicos son cada vez más frecuentes e impredecibles. “Sequías prolongadas, temperaturas extremas, plagas y enfermedades más virulentas y lluvias escasas, entre otros fenómenos, que están afectando nuestros sistemas de producción”.
Por lo anterior, comentó, necesitamos adaptar la agricultura y la pesca a los efectos del cambio climático y también reducir los gases de efecto invernadero.
Finalmente, planteó trabajar, en conjunto con los legisladores, una política de Estado para el uso sustentable del agua para la agricultura en el largo plazo. “Es una asignatura pospuesta por muchos años y que debemos trabajar juntos. Estamos listos y estamos a su disposición para hacerlo”.
