* Dejar que el mercado sustituya las funciones del Estado en un sector estratégico como el de energía, genera pobreza, inestabilidad social y financiera: Nahle
* El Parlamento constituye un ejercicio democrático sin precedente en el que participaron más de 170 ponentes, a lo largo de 6 semanas y 25 foros
MÉXICO, 28 de febrero de 2022.- Con el Foro ‘Reforma Eléctrica y Federalismo’ concluyó el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, espacio en el que se presentaron las diferentes posturas acerca de la iniciativa impulsada por el presidente de la República para garantizar la soberanía y seguridad energética, con una generación y un suministro eléctrico continuo para toda la población, a bajo costo.
El Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados, constituye un ejercicio democrático sin precedente en el que más de 170 ponentes, incluidos especialistas, técnicos, empresarios, personajes políticos, académicos, organizaciones civiles y representantes de la sociedad, plantearon, analizaron y debatieron argumentos sobre las implicaciones de la propuesta, a lo largo de 6 semanas, 25 foros, y 180 horas acumuladas de transmisión.
En este intercambio se hizo evidente que la reforma energética de 2013 entregó el sector eléctrico mexicano a intereses privados nacionales y extranjeros, e impuso un sistema de saqueo que lleva a la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que pone en riesgo la soberanía nacional ya que el modelo actual no garantiza el derecho humano a la vida digna ni la continuidad del suministro eléctrico.
La iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución establece al servicio de electricidad como área estratégica por lo que busca que el Estado recupere la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional. También plantea que la CFE sea la responsable de la transición energética y contribuya a garantizar el derecho humano a la vida digna a través de un servicio de distribución y suministro eléctrico moderno, eficaz y eficiente.
“La reforma constitucional se trabajó durante meses, toda vez que después de tres años del ejercicio de gobierno se observó el desbalance, el desfasamiento eléctrico y la pérdida de confiabilidad en el sistema eléctrico nacional. También se analizó y se puso a prueba la reforma energética de 2013, y los resultados no han sido del todo satisfactorios y positivos para los mexicanos y para la empresa del Estado, como es la Comisión Federal de Electricidad”, dijo Rocío Nahle, secretaria de Energía, durante su participación en la ‘Sesión de Cierre con titulares de los Ejecutivos locales y municipales”.
Destacó que, ante la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el sector energético juega un papel fundamental en la geopolítica, ya que se observa una ansiedad e incertidumbre en el lado de la oferta de los energéticos, sobre todo en Europa y Asia, lo que provoca una volatilidad en el mercado mundial. Sin embargo, dijo que México como país productor de petróleo, gas y electricidad, ha decidido garantizar primero el abastecimiento interno y para lograrlo cuenta con Pemex y CFE.
“No es conveniente para nadie debilitar dichos organismos (Pemex y CFE). Dejar que el mercado sustituya las funciones del Estado en un sector estratégico como el de energía, ¡cuidado!, eso genera pobreza, inestabilidad social y financiera. Los ejemplos sobran, basta ver como algunos países primermundistas diseñaron su política energética con dependencia a empresarios privados, incluso cerrando centrales nucleares o centrales de gas del Estado, y hoy las consecuencias son los altos precios de las tarifas que tienen para la población”, advirtió Nahle.
Explicó que la dependencia a su cargo y el jefe del Ejecutivo federal trabajaron en el planteamiento de una reforma constitucional donde se puede equilibrar lo público y lo privado, donde participen empresas serias y confiables y donde la CFE garantice la generación y el abasto eléctrico.
También participaron: Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco; Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala; César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, Nuevo León; Irineo Molina Espinoza, alcalde de San Juan Tuxtepec, Oaxaca y Felipe Arvizu de la Luz, alcalde de Ixtapaluca, Estado de México.
