Constitucionalistas piden evitar parálisis en el TEPJF
Constitucionalistas coincidieron en que es urgente encontrar una pronta solución al conflicto que vive la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar un mayor deterioro a su credibilidad y una parálisis interna, frente a la calificación de las elecciones del 6 de junio.
Celebraron la reunión del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, con 5 de los 7 magistrados y un pronto encuentro con el destituido titular de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdez, así como con su par, Mónica Soto.
Los constitucionalistas Jesús Martín Reyes y Joel Reyes Martínez dijeron a Expansión Política que la situación que enfrenta la Sala Superior “no es nueva”, sino que es resultado de una sucesión de hechos registrados en los últimos meses, lo que al final derivó en una ruptura que generó dos bloques.
Ello, luego de que el bloque de magistrados que avaló la remoción de Vargas Valdez lo acusó de incumplir durante su presidencia con diversas obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, tales como la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos.
Además lo señaló de diferir las sesiones sin razón justificada, incurrir en faltas de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”, suspender la realización del foro “La Calificación de las Elecciones 2020-2021” y realizar una cobertura incompleta de los boletines de prensa institucionales.
Vargas debe hacerse a un lado
El también politólogo Jesús Martín Reyes estimó que lo más prudente y sensato para que el Tribunal Electoral retome sus trabajos es que el magistrado José Luis Vargas se haga a un lado tal y como lo sugirió el ministro Zaldívar y permita el correcto funcionamiento de la Sala Superior.
Y es que Zaldívar Lelo de Larrea llamó al magistrado Vargas a dar «un paso al lado» y permitir se retome el canal institucional al interior del TEPJF, pues “ya no hay condiciones para que siga en el cargo que dice que sigue ostentando”. Lelo de Larrea, quien informó que no postergará su presidencia, le solicitó una reunión con carácter de “urgente”.
Para Martín Reyes, de prolongarse el conflicto, se podría generar una parálisis que evitaría que el Tribunal Electoral resuelva los litigios relacionados con el proceso electoral federal intermedio y sus resultados.
«Ver a un órgano judicial al límite, así como vimos al Tribunal Electoral (en su sesión) del miércoles 4 de julio, es muy preocupante, porque se trata un órgano judicial donde lo que debe imperar son los buenos argumentos y la institucionalidad, y eso, no lo vimos”, acotó el especialista.
Además, dijo que esa situación se relaciona con la imagen pública del Tribunal Electoral y la legitimidad que tiene frente a la sociedad, a los candidatos y a los partidos políticos.
El también académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) observó que una regla constitucional en materia electoral es que las impugnaciones se deben resolver antes de que los candidatos tomen protesta, de lo contrario, el Tribunal Electoral “ya no podrá hacer nada”.
El riesgo que se corre si no hay una solución rápida es que el Tribunal Electoral “podría caer en una situación donde solo 5 magistrados están tomando las decisiones sin que los otros dos se incorporen, destacó.
O, peor aún, “que no se le permita a esa mayoría de 5 ni siquiera resolver esos asuntos”, concluyó Martín Reyes.
