Ciudadanos del estado de Nuevo León emprendieron una campaña para denunciar la falta de acciones y políticas públicas por parte de las autoridades ambientales para mitigar la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey derivado de la mala calidad del aire en la región.
Según información oficial de la página encargada (aire.nl) de monitorear la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey señala que la contaminación atmosférica provoca disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas.
Además provoca un incremento en la probabilidad de aparicion de sintomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas de bajo nivel socioeconomico, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores). En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardiacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminucion en la tolerancia de la actividad fisica, asi como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
Sin embargo, las autoridades ambientales han ignorado la crisis ambiental y no han emitido ninguna política pública para alertar a la población sobre la contingencia y tampoco se han generado medidas para disminuir los índices de partículas suspendidas.
El Comité Ecológico Integral (CEI) lanzó una convocatoria para realizar una marcha en la explanada de los héroes en Monterrey para exigir acciones gubernamentales ante la crisis silenciada por los medios de comunicación y la inacción del gobierno de Samuel García.
El CEI señaló que en lo que va del año 2023 sólo ocho días han tenido buena calidad del aire por lo que la crisis es prácticamente permanente.
Por su parte el diputado federal de morena, Mauricio Cantú presentó una iniciativa para elevar a nivel constitución el derecho a respirar aire limpio así como solicitar la modificación de la NOM16CRE que establece los parámetros de la calidad de las gasolinas y su distribución en las regiones del país.
Sin embargo, Nuevo León afronta una profunda crisis institucional.
El estado de Nuevo León afronta una parálisis institucional derivado de una confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, aunado a la intervención del Poder Judicial a través de un juicio de Amparo que le fue otorgado al Gobernador Samuel García después de que el Congreso de Nuevo León impulsara un paquete de reformas que retiraban atribuciones al Poder Ejecutivo para trasladarlas al Legislativo en una presunta ruptura del marco jurídico vigente.
Sin embargo, la crisis institucional se agrava porque los Diputados del PRI y del PAN aprobaron un dictamen que establece un “paro de labores” en consecuencia del juicio de amparo otorgado por el Juez Faustino Pérez que suspende temporalmente todos los proyectos legislativos aprobados desde octubre de 2022.
Existe un confrontamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Nuevo Leon que han provocado una crisis sin precedentes donde los diputados argumentan incompetencia de Samuel García e inclusive han promovido un juicio político ante la falta de resultados evidentes con la crisis hídrica en la zona metropolitana de Monterrey, la mala calidad del aire sin acciones de mitigación, ademas de una crisis de movilidad por el cierre de las líneas del metro.
De igual forma, el estado afronta una crisis de seguridad pública que posiciona a los Municipios de Juárez Nuevo León, Escobedo, Guadalupe y Monterrey en el deshonroso ranking de los Municipios con mayor índice de feminicidios en México.
Mientras el Gobernador Samuel García continúa celebrando la llegada de Tesla que nada tiene que ver con la administración pública de Nuevo León, el estado se encuentra en una crisis social sin precedentes que además se prospecta que 10 Municipios del área metropolitana entrarán en crisis por la falta de agua según información de CONAGUA en el presente año 2023.
Fuente: Realidades Quintana Roo.
