El director general del Metrobús, Roberto Capuano Tripp, presiona y amenaza a los concesionarios de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) para que firmen un cheque en blanco a cambio de liberarles el incremento de 10.03 por ciento autorizado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a partir del pasado 1 de agosto.
Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de los concesionarios integrados en la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), dijo que la semana pasada ofrecieron una conferencia de prensa en el Zócalo para denunciar públicamente su situación.
El incremento iría de 36.98 pesos que actualmente les paga el Fideicomiso Metrobús a 40.78 pesos, un aumento los pondría en las condiciones de ingreso que teníamos en febrero de 2017, pero no les alcanza a cubrir los gastos y necesidades de las empresas, explicó en entrevista.
El transportista relató que desde el pasado 2 de agosto cuando delante del secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza les dieron a conocer la noticia del incremento, Capuano les advirtió que deberían firmar un cambio en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación porque en este momento ya son insuficientes para poder contratar financiamiento o arrendamiento, con el fin de incrementar el parque vehicular o realizar el cambio de unidades.
Sin embargo, los transportistas aseguran que los han venido presionando y amenazando con que el incremento llegará “sólo si firmamos una minuta de presuntos acuerdos donde nos condicionan a aceptar, sin mayor información de carácter técnico, y sin la certeza jurídica, mucho menos económica suficientes, cuatro temas de suma importancia para nosotros”.
En primer lugar los quieren obligar a contratar arrendamiento sin conocer si es de mayor beneficio para ellos que el financiamiento, y ya sucedió un caso donde una de las empresas solicitó el ahorro que tiene para poder comprar las unidades de manera independiente y sin intervención del fideicomiso, y le dijeron que no se lo entregarían.
El representante legal de la empresa SETTSA, Martín Ortiz Tejeda, dijo que el fondo de sustitución es un ahorro que llevamos realizando desde hace cinco años. “Es un dinero de nosotros, no es un fondo que creó la autoridad. Entonces, ya basta de que además de que están administrando nuestro dinero, todavía nos lo nieguen”.
Una de las reglas de operación dice que a partir del mes 61 de vida de la unidad, el 50 por ciento de sus ingresos queda en el fideicomiso como un ahorro para la adquisición de una unidad de remplazo y el otro 50 por ciento se le entrega a la empresa operadora, pero al negarse a entregarlo, se preguntan si ese ahorro aún está o qué le pasó.
Otro tema es la contratación forzosa del servicio de mantenimiento presuntamente especializado, pero les ocurrió también que han tenido malas experiencias porque, bajo la supervisión de Metrobús, cobraron trabajos no realizados y que afectaron su economía.
O en el caso de que las empresas operadoras tengan su propio servicio de mantenimiento, este deberá pasar la supervisión que determine Metrobús, lo cual implicaría pagar también tal proceso de verificación.
“Nos están imponiendo aceptar, sin más información que su dicho de que se migrará a una tecnología de recaudación de vanguardia, con la adopción de una tarjeta que aparentemente cuenta con mayor seguridad para evitar que la clonen como ha sucedido con la actual”, declaró.
Y el cuarto punto es la culminación del proceso de emplacamiento y registro de los vehículos ante la SEMOVI. Sin embargo, “por más que les hemos pedido que nos den a conocer cuánto es el monto por el pago de derechos que debemos cubrir, igualmente se niegan a darnos el costo que tendrán”.