( El Paìs).-El que fuera el responsable máximo del Ejército durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018), el general Salvador Cienfuegos, ha sido detenido en Estados Unidos a petición de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA), según han confirmado las autoridades mexicanas a este diario. El exsecretario, de 72 años, fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, mientras viajaba con su familia, según han publicado los medios locales estadounidenses. Se trata del golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidrogas del Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado.

Antes de su nombramiento en 2012, entre la terna de generales que se debatía el puesto, Cienfuegos destacaba como un general considerado uno de los militares más influyentes del Ejército y el más experimentado en la diplomacia militar internacional. Nació en Ciudad de México en 1948 y comenzó su carrera en 1964. Cienfuegos fue también inspector y contador general del Ejército y la Fuerza Aérea y comandante de las cuatro regiones militares más azotadas por el narcotráfico.

Cuando se cumplían 10 años de violencia de la guerra que comenzó Felipe Calderón en 2006 y las cifras de asesinados escalaban a más de 100.000 —además de cerca de 30.000 desaparecidos y 35.000 desplazados— Cienfuegos dijo estar en favor de que el Ejército deje las calles. “¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, dijo el general en 2016 al recordar que el ministerio que encabezaba fue creado para la seguridad exterior y que la seguridad interior estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El general Cienfuegos habló entonces con franqueza sobre la incertidumbre en la que se mueven los soldados mexicanos, comisionados por el presidente Felipe Calderón para combatir a los cárteles desde el 11 de diciembre de 2006. Desde entonces, los operativos castrenses han sido señalados por el alto índice de letalidad que producen por el uso excesivo de la fuerza y por reiteradas violaciones de derechos humanos. “¿Qué queremos? Que las fuerzas armadas tengan un marco [legal] que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos… Nos encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está”, afirmó.

Estas palabras resuenan ahora tras los mandatos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la militarización del país. La creación de la Guardia Nacional, un cuerpo que defendió desde poco después de tomar el poder en 2018, está compuesto en su mayoría por soldados y también agentes de la policía federal.

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