El Departamento de Justicia de Estados Unidos asestó un golpe contundente contra el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, encarcelado en Nueva York desde diciembre pasado. El 30 de julio, amplió la acusación en su contra y levantó oficialmente cargos criminales contra dos de sus cómplices y hombres cercanos en la SSP: Luis Cárdenas Palomino, quien fuera titular de la División de Seguridad Regional; y Ramón Pequeño, de la División Antidrogas.
García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño son acusados de narcotráfico y recibir sobornos del Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, de 2001 a la fecha. Además se les imputa: entregar información sensible al Cartel de Sinaloa sobre operativos contra ellos de diversas fuerzas del orden, incluyendo del gobierno estadounidense; atacar a miembros de los carteles rivales del de Sinaloa, y entregar información sensible sobre éstos. Así como colocar en posiciones clave a otros oficiales corruptos de la SSP para favorecer las operaciones de la organización criminal.
Además, la Fiscalía de NY ha presentado más de 120 mil fojas de pruebas contra García Luna, incluyendo reportes bancarios, de empresas y propiedades, interceptación de comunicaciones, e incluso anunció que en el juicio presentará pruebas físicas de los cargamentos de droga que el ex Secretario y sus subordinados habrían ayudado a traficar.
En contraste, en México nada se sabe de los avances hechos por la Fiscalía General de la República sobre las dos denuncias penales presentadas hace siete meses por la Unidad de Inteligencia Financiera contra García Luna, una por lavado de dinero, asociado o relacionado con delincuencia organizada y narcotráfico, y otra por corrupción.
A través de una investigación especial realizada por la autora de este reporte se documentó que los responsables de dos áreas clave en la Fiscalía de llevar a cabo las pesquisas contra García Luna y sus cómplices, son personas vinculadas directamente a él y a Cárdenas Palomino. No solo fueron protegidos y beneficiados durante su gestión en el sexenio de Felipe Calderón, sino que tienen antecedentes de irregularidades y presunta corrupción.
Uno es Antonio Pérez García, nombrado en mayo pasado responsable de la Policía Federal Ministerial que materialmente es la encargada de la investigación de campo contra García Luna y sus cómplices. El otro es Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Coordinador de Métodos de Investigación, jefe de Pérez García y quien le dio el nombramiento.
Además de estos dos funcionarios, con información de la Secretaría de la Función Pública se identificó a otras cinco personas en puestos clave y sensibles en la Fiscalía General de la República. Todos tienen conexión con García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño. Uno de ellos es Jorge Domínguez Martínez Vertiz, director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el 31 de julio que ya hay solicitud del Gobierno de Estados Unidos para extraditar a Pequeño y Cárdenas Palomino. Lo irónico es que el responsable de buscarlos es Martínez Vertiz, quien es compadre y amigo de Cárdenas Palomino ahora fugitivo.
Con información de Aristegui Noticias
