Rectores y directores de 197 universidades e institutos de educación superior que integran ANUIES, encabezados por el rector de la UNAM, Enrique Graue y el director del Politécnico Nacional, Mario Rodríguez Casas, enviaron ayer una carta al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo Federal y a la Opinión Pública, donde explicaron que la desaparición de los fideicomisos de investigación científica provocarán al menos cinco grandes impactos negativos para el país: 1) La formación de profesionistas altamente calificados, 2) la generación y transferencia del conocimiento para contribuir al desarrollo regional, nacional; 3) afectar las operaciones de aquellos centros científicos que mayoritariamente, operan con recursos propios; 4) burocratizar en exceso el acceso de recursos públicos para investigación, y 5) obstaculizar el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Los rectores y directores que enviaron la cara forman parte del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que es el organismo fundado en 1950 y que es la agrupación más importante donde se evalúan y construyen políticas de educación superior para la República Mexicana.

Entre los firmantes están los rectores y directores de las mayores instituciones de educación superior pública de México como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue; del instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas; de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Abel Peñalosa Castro; de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí; de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, Rogelio Guillermo Garza Rivera, así como los rectores de las universidades autónomas de Sinaloa, Coahuila, Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, como representantes de las universidades públicas.

También firman el rector del Tec de Monterrey, David Garza Salazar, como representante de las universidades e institutos de educación superior privados; el director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Edmundo Gutiérrez Domínguez, representante de los Centros Públicos de Investigación; el director del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Gustavo Flores Fernández, como representante del Consejo de Institutos Tecnológicos, y el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, José Valls Esponda.

La ANUIES pidió ponderar la importancia de la investigación científica y tecnológica como factores estratégicos para el fortalecimiento del país, el ejercicio pleno de su soberanía, su seguridad nacional, la satisfacción de sus necesidades energéticas y alimentarias, su desarrollo educativo y para lograr una mayor prosperidad económica y social.

“La extinción de estos fideicomisos impactará negativamente en la capacidad de las instituciones de educación superior para cumplir con sus funciones sustantivas: la formación de profesionistas altamente calificados; y la generación, la aplicación, y la transferencia del conocimiento con un sentido social para contribuir al desarrollo regional, nacional y al bienestar social de la población”, dice la carta.

“Por su parte, los centros públicos de investigación se verán severamente afectados, no sólo en el financiamiento de la investigación científica que llevan a cabo, sino incluso en  su operación cotidiana.  En el caso de éstos, si bien la extinción de los fideicomisos no necesariamente implica la extinción de los fondos, sí se podrían afectar las operaciones de aquellos centros que mayoritariamente, operan con recursos propios, ya que la administración y uso de los fondos podría burocratizarse en exceso.

“Estas medidas representarían asimismo, importantes obstáculos para que nuestro país avance en el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que entre sus metas establece: aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica, en particular en los países en desarrollo, mediante el fomento a la innovación, el incremento del número de investigadores por cada millón de habitantes y el aumento de la inversión pública y privada en investigación y desarrollo para 2030”, indica el texto.

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