La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, para que explique su constante defensa de victimarios y no de víctimas en el caso Notimex.
La legisladora ejemplificó esta desviación y confusión de tareas institucionales de la CNDH, con el caso de Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, a quien defiende a pesar de sus múltiples agresiones a trabajadores de la institución.
Dijo que es tan evidente la tergiversación de funciones de la CNDH, que desde la Secretaría de Gobernación Federal y organizaciones civiles nacionales e internacionales, se le reclama por ello.
Esparza Márquez narró cómo la citada comisión ha entrado en una paulatina degradación institucional desde que su presidencia fue asumida por Piedra Ibarra.
Señaló que la CNDH inició su intervención en el conflicto laboral de Notimex con un llamado a resolver mediante el debido proceso democrático, respeto a los derechos de todas las partes y apego a los principios de transparencia, derecho a la verdad y rendición de cuentas.
Pronto la comisión abandonó su propio llamado y se puso indebidamente al lado de Sanjuana Martínez a pesar de que al llegar a Notimex hace dos años, despidió a más de 240 trabajadores.
Debido a ello, los trabajadores se declararon en huelga y, aunque la misma fue declarada legal por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la directiva de Sanjuana Martínez intentó seguir las operaciones. Ante el fracaso de ello, inició agresiones contra periodistas y trabajadores.
Aunque la CNDH abrió una investigación contra Sanjuana Martínez en marzo de 2021, la concluyó indebidamente pues, entre otras cosas, no dictó medidas cautelares a favor de las víctimas.
Al contrario, las emitió a favor de Sanjuana Martínez al pedir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que la protegiera ante supuestas agresiones de organizaciones civiles, medios de comunicación e instituciones de educación superior que la habían denunciado.
Esto, agregó, provocó la inconformidad de organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, que acusaron a la CNDH de solidarizarse con quienes hostigan a periodistas independientes y no con las víctimas.
El propio mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, rechazó la pretensión de la CNDH porque las supuestas amenazas no eran motivadas, en todo caso, por la labor periodística de Martínez ni en el ejercicio de su libertad de expresión, sino el de su encargo como funcionaria pública.
“Además, se ha vuelto una constante el abandono a las víctimas y la omisión de investigar violaciones a los derechos humanos, ya que su actuar responde más a personas con las que tiene algún vínculo de amistad o compromisos políticos, evidenciando prácticas de influyentismo y amiguismo que describen una administración corrupta”, concluyó la diputada.
