El Grupo Parlamentario del PRI calificó como irracional que, en plena crisis económica, el Gobierno federal desaparezca el Fideicomiso “Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta” y afecte a casi un millón de jóvenes con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad que ejercen su derecho a la educación pública, gratuita y obligatoria.

La diputada federal, Ana Lília Herrera Anzaldo, en nombre de la bancada del PRI en San Lázaro, solicitó a la Secretaría de Hacienda no extinga el fideicomiso y renuncie a despojar los 144.9 millones de pesos que se asignaron al fideicomiso, en el ejercicio fiscal 2020, recursos de los cuales dependen: la Preparatoria Abierta y Educación Media Superior a Distancia; los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) y Mi entorno Virtual de Aprendizaje (MIEVA – Preparatoria Abierta).

A la Secretaría de Educación Pública demandaron que remita, al Poder Legislativo, un informe con el número de población beneficiada en esta Administración y las acciones tomadas para fortalecer el programa de enseñanza no escolarizada.

“Hacemos un llamado al Gobierno federal a no retroceder en los derechos adquiridos y acciones afirmativas en favor de los grupos de población más vulnerables, derechos y asignación presupuestal que han sido respetados en la pluralidad, lograda al paso de los años y de las administraciones, con el simple propósito de lograr la igualdad, el acceso a la educación y la no discriminación”, expuso la legisladora.

A pesar de la crisis económica, dijo, hay programas fundamentales para la educación especial, como el CAED y la educación a distancia que no pueden reemplazarse, pero sí fortalecerse, “hagámoslo en beneficio de quienes lo necesitan, incluyendo a las y los maestros que participan en esta modalidad educativa, garantizando su permanencia laboral”.

Los recortes al presupuesto en educación han sido sistemáticos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el partido en el poder y sus aliados, desaparecieron el “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, que en 2019 destinó más de mil 95 millones de pesos, para atender necesidades de personas con discapacidad.

Herrera Anzaldo, explicó, la disminución se hizo a pesar de que la Subsecretaría de Educación Media Superior estableció que “la discapacidad es una condición, no un impedimento para que las personas continúen sus estudios y se capaciten para desempeñar un trabajo”.

Ahora desaparecer el fideicomiso de “Bachillerato general en sus modalidades no escolarizada y mixta” será un golpe a la población que más necesita de atención e igualdad en el derecho educativo; de aquellas personas que, por motivo de trabajo, cursan sus estudios fuera de las aulas, talleres, laboratorios y no necesariamente comprenden horarios determinados o en la modalidad mixta, que combina, clases presenciales y en línea.

Dejarán de operar los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad “CAED”, al perder su presupuesto de poco más de 65 millones de pesos, que se destina a la compra de computadoras, impresoras braille, y para apoyos económicos a profesores y asesores.

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