Salvador Cienfuegos Zepeda,  exsecretario de Defensa de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, deberá esperar en una prisión federal estadounidense mientras continúa su proceso penal que lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero, determinó este martes un juez federal en Los Ángeles.

Al negarle la fianza, el magistrado Alexander F. Mackinnon acató la advertencia de los fiscales federales sobre que existe un “riesgo significativo” de que se fugue a México ya que podría recibir la ayuda de exfuncionarios mexicanos corruptos y de traficantes de alto nivel con los cuales trabajó estrechamente.

El juez también ordenó que en unos días el acusado sea trasladado a Nueva York, donde se origina la acusación que pesa en su contra. La defensa pidió que le permitan a su cliente quedarse en una prisión federal de Los Ángeles al menos hasta el jueves, para que lo visiten funcionarios del consulado mexicano.

“Los alegatos son serios”, advirtió el fiscal Ben Balding, quien señaló que el hecho de que enfrente una condena que lo podría dejar en prisión por el resto de su vida “es un incentivo para fugarse si es liberado” por cualquier cantidad que se establezca como fianza.

El abogado defensor Duane Lyons había pedido que la fianza se fijara en 750,000 dólares, que describió como los ahorros de su vida. Señaló que su cliente “tiene la intención de defenderse vigirosamente” y no planea fugarse. Lo describió como un mexicano “dedicado” que sirvió a su país y advirtió que si lo dejaban en prisión eso “afectaría su reputación” y lo pone en riesgo por la pandemia, pues casi tiene 80 años.

Los fiscales federales alegan que al menos durante dos años, de diciembre de 2015 a febrero de 2017, Cienfuegos recibió sobornos de una célula de la organización de los Beltrán Leyva denominada Cartel H-2. La DEA afirma que el general tenía comunicación directa con el jefe de ese cartel, Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fue abatido por la Marina mexicana hace tres años.

Alias ‘El Padrino’ enfrenta una condena mínima a 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

La acusación originada en el Distrito Este de Nueva York del Departamento de Justicia indica que el general retirado conspiró para traficar cargamentos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana mientras era el titular de la SEDENA. En esa época, el Cartel H-2 dominaba en Nayarit y una parte de Sinaloa, al tiempo que tenía operadores en varias ciudades de Estados Unidos, entre estas Los Ángeles y Las Vegas.

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