Las denuncias en los juzgados de la Ciudad y el Estado de México sobre diversos casos presentados en la industria de la construcción son complicados y llevan mucho tiempo, por lo que muchas de las víctimas desisten de darle seguimiento o prefieren no denunciar los delitos.
Las firmas inmobiliarias le apuestan al desgate de los abogados defensores o de las mismas víctimas, pues los casos se pueden demorar meses o hasta años.
Un ejemplo de ello, es la demanda que interpuso el proveedor de materiales de construcción Jorge Canales, en el Juzgado 45 de lo Civil en la CDMX, bajo el expediente 1385/2018, contra la empresa Administración y Constructibilidad S.A. de C.V. (ADCO), cuyo director y socio mayoritario es el ingeniero Luis Fernando Ramírez Reyes, por el delito de fraude.
A pesar de que el juez sentenció el pago de una facturación por el valor de 1 millón 540 mil pesos y una orden de embargo al no haber respuesta por parte de la sociedad constituida por Juan Carlos Servín Viveros, Óscar Ramírez Miranda, Luciano López Camarillo y María Ramos, el caso se postergó por que la empresa tenía dos domicilios: uno en la capital y otro en el Edomex.
El abogado defensor Jesús Juvera, del despacho Consultores Asociados Juvera, explicó en entrevista que se buscó la aplicación el embargo en la capital, pero ese domicilio ya no existía, por lo que tuvieron que acudir al ubicado en el Estado de México, y tendrían que buscar una orden de la jurisdicción del Edomex.
El caso migró al Juzgado Noveno de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, para que buscar un exhorto (530/2019), el cual ya fue aprobado, pero desde abril de este año se tramitó y aplicará hasta el 22 de agosto del año en curso.
El empresario Canales Jiménez denunció en entrevista que este caso lo tiene en la banca rota, sin posibilidades de cubrir los gastos del hogar y pagar sus deudas que lo tienen en un estado de incertidumbre.
“No entiendo porque se alargó tanto la aplicación de la ley en este caso, donde ya hay una sentencia, una orden de embargo contra una empresa que ya se demostró es fraudulenta, no se presenta a las audiencias, no da la cara, emite varios domicilios…”, señaló indignado el ciudadano.
