Santiago de Chile. “La ciudadanía nos dio una lección”: sin líderes y harto de las instituciones, Chile ha vivido durante 30 días una rebelión popular marcada por escenas de una violencia inédita, cuestionando su “exitoso” modelo económico y obligando a la política a dar un giro inimaginable.
Durante 30 días, decenas de miles de personas han protestado a diario contra los pilares del capitalismo y un modelo neoliberal con escasa presencia del Estado como garante de derechos como la salud y la educación.
En esta revuelta que ha dejado 22 muertos (cinco a manos de fuerzas del Estado) y más de 1.000 heridos, el tercer punto de batalla son los Fondos de Pensiones: administradoras privadas donde los trabajadores chilenos aportan parte de su sueldo para recibir en su jubilación un promedio 30 o 40% de su último salario, casi equivalente al salario mínimo de 418 dólares mensuales.
El presidente Sebastián Piñera, en el poder desde marzo de 2018, se convirtió en el objetivo de la crisis más grave que haya vivido este país desde que recuperó la democracia en 1990.
Pero el movimiento, que reza y canta “Chile despertó”, no duda en apuntar su ira contra todo el espectro político en el poder tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet: los dos gobiernos demócrata cristianos entre 1990-2000 y los tres períodos de los socialistas entre 2000 y 2018.
“Desde el fin de la dictadura, los socialistas, los progres, la derecha e incluso el Partido Comunista son todos culpables, porque son parte de la misma élite”, se queja Rebeca González, una ama de casa de 38 años que caminaba el viernes por una parte festiva de otra marcha en Plaza Italia, en el centro de Santiago.
Piñera, presidente entre 2010 y 2014, empezó su segundo gobierno en 2018 prometiendo “tiempos mejores”. Consideró el inicio de esta crisis un problema de desorden público. Declaró que su país estaba “en guerra” y decidió decretar el estado de emergencia que significó sacar por primera vez desde 1990 a miles de militares en las calles.
Ni los militares ni la violencia de la policía, acusados de violaciones de derechos humanos, mermaron la determinación de los chilenos de poner fin a lo que han denominado los “abusos” de un sistema económico que, si bien disminuyó drásticamente la pobreza (-30% desde 1990), se basa en una sociedad muy desigual.
En una montaña de rusa de protestas, disturbios, semiparalización de las actividades comerciales y laborales, y red del metro a medias, el gobierno de derecha cedió a reclamos lentamente en relación al apuro de la calle.
Fue así que el jueves políticos de todos los partidos, menos los comunistas, sellaron un acuerdo para ir a un plebiscito en abril de 2020 para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, considerada por la sociedad y expertos origen del destrato a las clases más bajas.
