El día de ayer, María Isabel San Agustín abandonó el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla la tarde del jueves, y fue recibida por sus padres y su hermana.
En 2013 María Isabel fue sentenciada a 65 años de prisión por el delito de secuestro. En 2018 se ordenó la reposición de su proceso. Fue entonces que se comprobó que había sido torturada y se determinó que debía ser puesta en libertad, sin embargo, esto no sucedió hasta tres años después.
María Isabel San Agustín manifestó que
“Pido que se haga justicia, porque aquí la mayoría de la población es inocente”. Esas fueron las primeras palabras de María Isabel San Agustín al salir de prisión este jueves, donde permaneció 11 años, con una sentencia de 65, acusada de secuestro con base en una declaración obtenida bajo tortura.
María Isabel San Agustín fue detenida en 2011 en la alcaldía Milpa Alta, acusada de secuestro, aunque no había pruebas en su contra. En 2013 fue sentenciada a 65 años de encierro. En 2018 la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el Protocolo de Estambul, que es un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura de personas. El estudio comprobó el hecho.
Para su liberación colaboraron autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia local, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de las Mujeres del gobierno capitalino. Estas autoridades trabajan en la elaboración de un decreto similar al anunciado por López Obrador para aplicar en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
En la capital mexicana hay al menos 479 personas presas que fueron torturadas y pasaron por el Protocolo de Estambul, de acuerdo con 44 Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), emitidas entre 2003 y 2015, informó el pasado lunes la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez.
De ese total, en 49 casos –40 hombres y 9 mujeres– ya está acreditado que la tortura pudo haber interferido en el proceso de investigación del delito por el que fueron acusados.
