Desde la administración de la ex procuradora de Panamá, Kenia Porcell, se lleva a cabo una gestión para colaborar información con fiscales del Principado de Andorra.
La pregunta que algunos se hacen son ¿Quiénes son esos fiscales? ¿Cuáles son sus intereses? y ¿Porqué esto atenta con la seguridad jurídica de los residentes de Panamá?
Desde el 2017, Panamá sostiene una relación con el Principado de Andorra, de acuerdos de información para facilitar la investigación en ambas jurisdicciones, las cuales hasta hoy han no han arrojado resultados, ya que no han logrado imputar cargos en ninguna investigación donde han compartido dicha información.
El Ministerio Público y los fiscales andorranos indicaron su relación con la finalidad de ayudar a la causa del Caso Odebrech, que hasta la fecha, no ha dado ningún resultado el fiscal adjunto, para llevar a cabo dichos acuerdos de información.
Dicho fiscal general es Alfons Alberca, quien es el mismo que cuenta con denuncias y querellas por intentar alterar el código de procedimiento penal andorrano, influyendo directamente en el Gobierno de Andorra, algunos grupos parlamentarios e, incluso, la junta directiva del Colegio de Abogados de Andorra, para su beneficio en investigaciones bajo su mandato.
Los abogados de los investigados han solicitado que se le destituya de su cargo y de la causa por abusos de vulneración de derechos, además de una disputa en desigualdad de condiciones.
Panamá hoy en día continúa con dicho acuerdo, esta vez relacionado con la investigación de un empresario extranjero, por el supuesto delito de blanqueo de capitales, quien al mismo no se le ha podido imputar cargos en un año y medio de haberse iniciado el proceso, pero si un sinnúmero de afectaciones en su proceso, comentan sus representantes legales.
Salvador Padilla, representante legal del empresario afectado, señala que es una maniobra conspirativa de dos naciones que busca afectar patrimonios legítimos por su concupiscencia, y por la voracidad de los fiscales involucrados de armar casos en perjuicio de personas trabajadoras, para supuestamente demostrar su trabajo, cuando en realidad sólo están demostrando su incompetencia.
Asimismo, afirma que, contrario a la Constitución tanto de México como de Panamá, así como a tratados internacionales de los cuales dichas naciones son parte, hay una vulneración flagrante a la presunción de inocencia, principio de seguridad jurídica y al debido proceso, pues dicha conspiración legal, es contraria al sentido y espíritu de la justicia bajo cualquier consideración lógica que se le tenga.
La sociedad civil teme por la seguridad jurídica, ahora al saber que comportamiento imitan y que ordenes acatan los fiscales del Ministerio Publico nos deja una duda si aún tienen claro el Artículo 17 de la constitución nacional:
“ARTICULO 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”.
