La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la aprobación de la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR) que se prevé aprobar este miércoles en el pleno del Senado s significa una regresión en la administración de justicia, pues anula derechos adquiridos reconocidos en la actual legislación y es una vuelta hacia la centralización.
Alertó que la autonomía de la FGR es clave para acabar con la impunidad en el país pero lo que se pretende aprobar en las próximas horas en el Senado por la mayoría de Morena significaría un retroceso legal y una vuelta hacia la centralización pues se faculta al titular de esa dependencia “para ejercer la responsabilidad de manera unipersonal y unilateral, sin pasar por órganos colegiados” además de convertirla “en una institución cerrada, opaca e ineficiente”.
“Debe evitarse convertir a la institución en un ente vertical, vulnerando con ello la autonomía de los agentes ministeriales; también establecer no una coordinación –sino subordinación- de las otras autoridades; automatizar la información, sin transparencia ni supervisión ciudadana, y convertir a la FGR en una institución cerrada, opaca e ineficiente”, establece
La Coparmex consideró que no es necesaria una nueva ley pues lo que se requiere es cumplir con el marco legal vigente para que se garantice la investigación y persecución de casos de corrupción además de sancionar la violación a los derechos humanos.
Este martes, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en comisiones la nueva Ley de la FGR donde se establece que la autoridad ministerial no estará obligada a colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, ni a brindar mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, así como para la prevención de violencia contra las mujeres, niñas, niña y adolecente.
“Un cambio muy delicado es que se expulsaría a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, pues desconoce el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, además de que abandona su responsabilidad para encabezar el programa para Prevenir y Sancionar la Tortura y atenta contra la independencia y autonomía de los fiscales”, advierte
Ante ello, la Coparmex recalcó que la autonomía constitucional de la Fiscalía debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales pues esa institución es clave para acabar con la impunidad.
Alerta que esta reforma pretende eliminar la participación de la FGR en los grupos, juntas de gobierno y comités o comisiones, o bien la representación de programas de organismos de derechos humanos y personas vulnerables, bajo un malentendido concepto de autonomía.
Por lo que toca al Consejo Ciudadano, lo deja como un órgano sin fuerza, únicamente para emitir opiniones, eliminando con ello los contrapesos internos al Fiscal General y acrecentando la centralización de poder.
Entre las limitaciones que posee el proyecto de acuerdo a la Coparmex es que niega la justicia transicional de los derechos de verdad, justicia y reparación; rechaza la colaboración interinstitucional, al exigir el mando y conducción del Ministerio Público sobre las policías y de la Guardia Nacional.
Tampoco hay una independencia y autonomía de los y las fiscales, pues impone un mecanismo de subordinación; elimina el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; elimina al Consejo Ciudadano en el organigrama de la Fiscalía y también a la Unidad de Género de la FGR en medio del reclamo de violencia hacia las mujeres.
