Libertad Humbertus Pérez
A casi cuatro años de estar en prisión y para agilizar el proceso de liberación, el padre Alejandro Solalinde se reunió con el activista José Humbertus Pérez Espinoza, en el penal La Perla, de Nezahualcóyotl, donde fue reubicado por motivos de salud.
El líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna dijo que Solalinde conoce su caso desde que la senadora Nestora Salgado lo integró en la lista de candidatos a la amnistía que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El veracruzano denunció que la no promulgación del exhorto que aprobó en marzo la Legislatura local (con mayoría de Morena), para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Poder Judicial retiren las denuncias en su contra, revela falta de voluntad para liberarlo.
“Hay una posición política para que mi proceso dilate más. Sólo estoy pidiendo justicia, pero ellos siguen obstruyendo. Sabemos que está la mano de Eruviel Ávila y José Manzur. Estoy en la lista de presos políticos porque soy inocente”, sostuvo.
El caso del profesor inició en 2015 cuando demandó al Concurso Mercantil en Mexicali contra la empresa inmobiliaria Urbi Desarrollos Urbanos; complejos habitacionales construidos en Tecámac sin servicios públicos y con mala calidad.
Se detuvo al ex apoderado legal y se concilió que se resarciría el daño de la empresa, perteneciente a los hermanos Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román, vinculados a los Urbina Bedolla, una familia política en el poder mexiquense hace décadas, reconocida por el exgobernador Eruviel como “sus amigos”.
Así comenzó el caso de Pérez Espinoza, quien tras ganar el amparo, fue detenido por supuesto robo con violencia a casa habitación mediante una orden de aprehensión ilegal, incomunicación y tortura por asfixia. Los agentes ministeriales se lo llevaron a pasear al Desierto de los Leones, reveló su esposa Beatriz Juárez.
Su defensa fue rechazada, un amparo falló a su favor, se ordenó su libertad pero llovieron más acusaciones. Detrás de las que, considera Humbertus, están Enrique Peña Nieto y Aarón Urbina Bedolla, involucrado en casos de fabricación de culpables, como el de Raúl Palacios sentenciado a 50 años en Tenango del Valle: “Ustedes no lo hicieron, pero van a pagar lo que ellos hicieron”, dijeron los judiciales.
En las dos primeras carpetas por robo no logró acreditarse la responsabilidad de Humbertus; en la tercera ya se desahogaron las pruebas y espera recuperar su libertad este agosto. Además solicitará la modificación de medida cautelar en la cuarta carpeta por extorsión, fabricada durante su reclusión en Chiconautla por combatir el autogobierno, ya que alcanza libertad bajo fianza.
Para este preso de conciencia por su lucha contra los fraudes inmobiliarios, el Congreso local exhortó a la FGJEM para que descarte las denuncias penales que “tienen preso al defensor del derechos humanos de segunda generación a la vivienda digna y decorosa”.
Además, pide al Consejo de la Judicatura del Estado de México analizar sin presiones políticas o económicas ambas causas penales, pues también se han violado los principios de presunción de inocencia, debido proceso y juicio justo.
En tanto, la Segob ya retiró la escolta que cuidaba a Solalinde desde 2010, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a México que le brindara protección ante la defensa de los migrantes.
“No voy a impugnar la medida. Sólo sé que volveré a ser vulnerable ante las amenazas de muerte de quienes trafican y secuestran a los indocumentados. Voy a adaptarme a la nueva realidad y que Dios siga protegiendo mi misión”, declaró el sacerdote en el marco internacional de negociaciones entre Marcelo Ebrard y Donald Trump.
