El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, presentó una iniciativa para sancionar con la destitución del empleo, cargo o comisión a los servidores públicos que utilicen la comunicación social gubernamental para beneficiar a algún partido político.
Señaló que los partidos tienen derecho a emitir y difundir propaganda electoral de carácter genérico, a fin de darse a conocer y posicionarse frente a la ciudadanía; pero estas prerrogativas no son absolutas “y mucho menos deben ser utilizadas por el gobierno en turno para beneficiarse electoralmente o impulsar la imagen de una persona en particular”.
El legislador destacó, en su proyecto publicado en la Gaceta Parlamentaria, que la comunicación social gubernamental debe cumplir su objetivo de informar imparcialmente a la sociedad “y no hacer apología de una persona o instituto político”.
Añorve Baños refirió que el artículo 134 constitucional dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso, aclaró el senador Manuel Añorve, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Actualmente, apuntó, no existen sanciones específicas para estas acciones, por lo que propuso reformar la Ley General de Comunicación Social, para que las infracciones a los principios del artículo 134 de la Constitución se sancionen con destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos responsables de ordenar y/o autorizar la difusión de documentos, imágenes, videos y audios, ya sean analógicos o digitales con estos propósitos
