El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso un juicio electoral con “carácter de urgente” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del decreto que aprobó el Congreso de la Unión para «interpretar» los alcances de la propaganda de la revocación de mandato, a fin de que los funcionarios públicos puedan promover la jornada del próximo domingo 10 de abril.
Entre tanto, la organización Que siga la Democracia remitió un oficio dirigido al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en el que plantean que con el objetivo de ampliar los sitios donde las personas interesadas quieran votar en este ejercicio, les autorice la instalación de “casillas ciudadanas”, ante la reducida cantidad que el propio Instituto desplegará, alrededor de 57 mil en todo el país.
Ante la modificación que aprobarán las cámaras de Diputados y Senadores, que abrió la puerta a los funcionarios por la promoción, el PRD se inconformó por la modificación de las leyes en medio de un proceso electoral, como lo consideran a la revocación de mandato. Ante la premura que representa un cambio sustancial.
El recurso promovido por el PRD es una de las dos rutas que la representación ante el Instituto Nacional Electoral interpuso, dado que de igual forma se pretende que en el transcurso de la semana se promueva una controversia constitucional. Existe ya un antecedente de esta ruta que el propio PRD utilizó para controvertir una modificación legal en Chiapas, que permitió una respuesta más ágil del TEPJF aunque posteriormente resolvió la SCJN.
En contraste, Que Siga la Democracia demandó al INE ampliar las posibilidades ciudadanas para acudir a votar. Con base en los artículos 1, 8 y 35 constitucional, señala el escrito, que establece el derecho de los ciudadanos a votar, solicitaron a Córdova Vianello abrir la posibilidad de casillas ciudadanas para que los electores puedan expresar su voluntad el 10 de abril.
En el documento de la dirigente de la organización Gabriela Jiménez, se plantea al INE “que es una exigencia ciudadana y mandato de la ley” instalar un mayor número de casillas (el mismo número que las instaladas en la pasada elección presidencial, alrededor de 160 mil). Por ello, de mantenerse la pretensión del INE de solamente instalar una tercera parte de las casillas que dispone la ley “se corre el riesgo de desmotivar la participación de los electores en la consulta de revocación de mandato”.
Fuente: La Jornada.
