La mesa de trabajo de alto nivel, que revisa el dictamen en materia de regulación de outsourcing, tiene previsto presentar un proyecto consensuado, el próximo 31 de marzo, que atienda las observaciones de representantes del Legislativo y gobierno federal, así como de los sectores empresarial y obrero.
Este órgano de alto nivel, conformado por legisladores, funcionarios federales, empresarios y líderes sindicales, fue creado por la Junta de Coordinación Política, a efecto de enriquecer el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para lograr una regulación que erradique prácticas abusivas en la subcontratación y proteja derechos laborales.
Los integrantes de la mesa iniciaron sus tareas hoy. De acuerdo con su calendario de reuniones, llevarán a cabo siete sesiones más. El siguiente encuentro se realizará el 26 de febrero con el sector empresarial.
Asimismo, tienen contemplado reunirse los días 2 y 4 de marzo, en esta última fecha, se encontrarán con el sector sindical. En tanto, el 9 del mismo mes sostendrán una reunión con confederaciones patronales.
La mesa de trabajo también tiene programados encuentros con académicos y jueces laborales, los días 11 y 17 de marzo, respectivamente. Se prevé que sea el 31 de ese mes, cuando se presente el dictamen consensado entre todos los sectores.
Previamente, en la reunión de hoy, el senador Napoleón Gómez Urrutia, exhortó a revisar y agregar las propuestas recibidas en los dos foros anteriores y solicitó que esta mesa de análisis se realice “lo más rápido posible para evitar contratiempos y llevar el dictamen final a discusión y aprobación del Pleno”.
Sugirió reformar la Ley Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de regular, registrar y certificar a las empresas de subcontratación. Para ello, dio a conocer una síntesis de nueve puntos sobre el dictamen aprobado en comisiones unidas, con el objetivo de que sean valorados y se incluyan en la redacción final.
Subrayó que el actual dictamen regula de manera eficaz la subcontratación laboral para mejorar las condiciones de trabajo. No la prohíbe, ni la criminaliza, está dirigida a generar una legislación que robustece esa actividad de manera ética y legal, aclaró el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, informó que las observaciones emitidas durante este ejercicio serán tomadas en cuenta, sin embargo, recordó que quien autentifica jurídica, legítima y constitucionalmente cualquier modificación al dictamen son las Comisiones Unidas de Trabajo; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Aseguró que se necesita un acuerdo incluyente pero que no permita las prácticas ilegales de subcontratación, las cuales calificó como estructuras de avaricia y de injusticia social. Agregó que buscarán un consenso que no dañe a las empresas, pero también que resarza la deuda social con los trabajadores.
En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que el país requiere esquemas que procuren un equilibrio entre el reconocimiento de los derechos y el desarrollo de la economía. “Reformar y regular el modelo de subcontratación es una tarea indispensable”.
Expresó que para que México cambie, el mundo del trabajo debe transformarse, por lo que es fundamental voltear a ver los intereses de los trabajadores y poner en el centro su dignidad, sus derechos y su futuro. “No puede haber continuidad para esquemas que perpetúan la precarización del trabajo y que profundicen las desigualdades e injusticias”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa refirió que ya se realizaron reformas mayores en materia de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, y el dictamen incluye elementos adicionales para estas conductas, lo que podría crear “un efecto contraproducente, debido a la posible sobre regulación”.
Propuso trabajar sobre un cuadro comparativo de las distintas propuestas que hay sobre el tema, de tal forma que se pueda avanzar de manera más ágil. El senador dijo que también se debe reforzar la parte de la supervisión y el registro de las empresas, “porque ello permitirá que el SAT este en tiempo real verificando sus contabilidades”.
La senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, dijo que su partido confía que de esta mesa de análisis surja un dictamen incluyente, que impulse la generación de empleos con equidad, evite la corrupción y la enorme evasión fiscal que hoy genera la subcontratación ilegal, la cual afecta a más de 8 millones de mexicanos “que no tienen derecho a nada, sólo a bajos salarios”.
Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, informó que hay ya un diagnóstico de acuerdo con la actuación que han tenido diversas instancias del Estado Mexicano, lo que permite detectar ciertas prácticas ilegales que afectan derechos de los trabajadores.
Señaló que se encontraron prácticas como la negación del reparto de utilidades, afectación a la antigüedad y las pensiones y a los derechos que impiden tener en el Outsourcing ilegal acceso a la vivienda; invalidación de contratos y su cancelación, así como el registro con salarios inferiores.
Nadie está pensando, dijo, en afectar el Outsourcing legal, queremos generar condiciones para poder atacar los efectos negativos de la contratación ilegal como puede ser la defraudación fiscal y lavado de dinero.
El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez, indicó que desde esa institución ya se están trabajando herramientas que otorga la ley, “pero que simplemente no se habían activado por una falta de voluntad política”.
El funcionario solicitó la homologación del lenguaje entre la Ley del IMSS y la Ley del Infonavit, a efecto de evitar a futuro un arbitraje legal por temas de concepto.
Además, señaló que gracias al trabajo conjunto que realiza el gabinete, el SAT, la Procuraduría Fiscal, la UIF y el IMSS, por acciones de fiscalización, el Infonavit pasó de recaudar 37 millones de pesos en 2018 a 662 millones en 2019.
En su oportunidad Adrián Sada Cueva, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), aseveró que se debe tener una regulación que permita seguir caminando para tener un crecimiento económico.
“En el outsourcing no todo es malo. Puede ser una herramienta positiva para impulsar nuestra economía”. Queremos llegar a un acuerdo favorable, que logre la creación de más y mejores empleos para todos los mexicanos, destacó.
