José Narro, senador de Morena, presentó una iniciativa de ley para reformar la Constitución, con el propósito de que la Federación expropie los latifundios que según él se reconstituyeron a partir de 1992 con la reforma agraria que se hizo.
El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural propone modificar el artículo 27 de la Ley Suprema para que quede en los siguientes términos:
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y la propiedad social”.
Refiere que con el reforzamiento del carácter de propiedad social a los ejidos y a las comunidades, no sólo se pretende incidir en el sistema agrario y blindar el patrimonio de las familias campesinas, sino también activar y profundizar el sistema de planeación del desarrollo rural, tanto para cristalizar efectivamente la gobernanza agraria, cuanto para dar sustento a un modelo de desarrollo del campo ante su indefinición en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no se le augura buen futuro de no tomar a los núcleos de población ejidal y comunal como sujetos centrales del desarrollo rural, tal como se hizo con mucho éxito durante el sexenio cardenista.
Abunda que agregar el concepto de propiedad social al texto vigente del artículo 27 de la Constitución Política bajo la tesitura antes expuesta no quedará espacio alguno para especulaciones doctrinales ni para rebuscadas elucubraciones teóricas.
En la exposición de motivos de su iniciativa, José Narro afirma que el acaparamiento de la tierra es un proceso de larga duración, que ya está de nuevo entre nosotros y lo más aconsejable y prudente es tomar las precauciones pertinentes para que sus efectos dramáticos no se repitan.
“En la Revolución no se derramó tanta sangre en balde como para que no hayamos aprendido la lección”.
Refiere que no se espera que los latifundios de nuevo cuño posean las extensiones gigantescas que tuvieron a finales del siglo XIX.
Añade que aún es posible aplicar medidas preventivas tendentes a frenar su surgimiento.
Pone como ejemplo de los nuevos latifundios, los casos de los ex gobernadores de Sonora y Chihuahua, Guillermo Padrés Elías y César Duarte respectivamente, que se hicieron con numerosas propiedades durante sus gestiones.
“Estamos a tiempo de dictar medidas que sean necesarias para controlar este proceso”, afirma.
Afirma que ante el desinterés de las legislaturas estatales por regular esta situación, es evidente que el gobierno de la República debe federalizar la regulación de este aspecto de la propiedad rural en términos de “reservar para la Federación la facultad de establecer los límites dimensionales de la propiedad rústica y el procedimiento para el fraccionamiento de los excedentes cuando estos se den, para impedir la influencia de intereses locales en el combate a los latifundios, como para asegurar que estos no retornen”.
