En reunión ordinaria, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, aprobó dictámenes que fueron turnados para su análisis a comisiones.
En uno se propone que los integrantes del H. Congreso de la Unión hagan pública su declaración de situación patrimonial y de interés, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Los integrantes de la Comisión consideraron que las diputadas y los diputados federales, así como las senadoras y los senadores de la República tienen el compromiso político, social y moral de hacer públicos sus ingresos y patrimonio con sus representados para evitar y prevenir actos de corrupción e irresponsabilidad en su encargo.
Señalaron que con la publicación de las declaraciones patrimoniales fomentarán la transparencia y la rendición de cuentas, además de ejercer un acto de congruencia de quienes hacen las leyes en la materia y eligen a las autoridades encargadas de vigilar las acciones de un gobierno abierto y transparente.
Además, coincidieron en que deben ser los principales promotores de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que no basta con la sola presentación de la información requerida, sino que debe hacerse pública para el escrutinio de la sociedad mexicana.
“Publicando nuestras declaraciones patrimoniales permitiremos establecer con la sociedad un acercamiento con sus representantes públicos”, establece el dictamen.
Igualmente, se aprobó un dictamen que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que atienda de forma clara y en apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, certeza, legalidad y objetividad, las solicitudes de información que reciba, a efecto de garantizar este derecho humano.
El dictamen considera que la transparencia ayuda a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder. “Es el derecho de todo ciudadano mexicano a recibir información sobre lo que hacen las instituciones gubernamentales con gasto público”, apunta.
Agrega que el acceso a la información enriquece la democracia para que la sociedad pueda conocer y debatir plena y abiertamente todas las acciones que lleven a cabo los entes públicos.
Si embargo, el texto denuncia que en los últimos meses este derecho se ha vulnerado, pues según estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante el periodo diciembre de 2018 a Julio de 2019 la Administración Pública Federal respondió 9 mil 650 solicitudes información declarando la inexistencia de la documentación requerida.
Ante esto, la Comisión considera que el Poder Ejecutivo debe procurar y promover la transparencia y la rendición de cuentas, con la implementación de una estrategia que permita garantizar el derecho a la información pública a los distintos sectores de la sociedad mexicana que permita evaluar las distintas actividades de la Administración Pública Federal.
