Ante el incremento alarmante que ha tenido la violencia familiar en el país, en los últimos años, el senador Ricardo Monreal Ávila presentará ante el Pleno una iniciativa para que el delito sea perseguido de oficio y se preste mayor protección a las víctimas.
Para ello, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena propone una modificación al artículo 343 Ter del Código Penal Federal, para dar pie a que cualquier persona, no solamente la víctima, pueda denunciar los hechos y que la autoridad cuente con mayor margen de acción para investigar y sancionar al agresor.
A través de los años, indica el senador, la violencia familiar se ha convertido en una problemática con innegable trascendencia social que se presenta como un asunto de relevancia e interés público, al provocar graves consecuencias en las víctimas, desde crisis nerviosas, discapacidad o la muerte.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo de 2015 a 2018, los indicadores de violencia familiar aumentaron de forma alarmante, con porcentajes de 100 hasta 800 por ciento
Las denuncias evidencian que, aunque la mujer es la principal víctima de este delito, también los hombres, los niños, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, son afectados por este flagelo.
En lo que respecta a estadísticas del INEGI, en el 51. 4 por ciento de los maltratos las víctimas son mujeres y 25 por ciento son hombres. Desafortunadamente, alrededor del 88.4 por ciento de las mujeres agredidas no presentan denuncia.
A pesar de que la violencia familiar se encuentra tipificada, actualmente es un delito querellable, lo cual, tratándose de un flagelo tan degradante para la familia y la sociedad en general, resta eficacia a la acción penal y es poco o nada útil.
El flagelo de la violencia familiar exige una mayor intervención por parte de la autoridad, en beneficio de las víctimas y de la sociedad; así se ha asumido en diferentes estados del país como Guanajuato, Morelos y Chiapas, y en otros ordenamientos jurídicos internacionales como es el caso de Colombia y Uruguay, señala la propuesta.
