Con la presencia de representantes de todas las fuerzas políticas del Senado, del gobierno federal, empresarial y de sindicatos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) inició la primer mesa de trabajo para revisar el dictamen en materia de outsourcing y acordar una regulación efectiva de esta figura laboral.
En la inauguración, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, refirió que en el país hay alrededor de 8 millones 200 mil empleos bajo el esquema de subcontratación, por lo que si no se tiene cuidado en la manera de legislar se podría afectar, no sólo a las personas subcontratadas, sino también a la generación de empleos.
Señaló que la falta de atención al problema de la subcontratación, así como la tolerancia y la complicidad de autoridades anteriores, generó que cada vez sean más las empresas que utilizan los recovecos legales para violar la ley en detrimento del fisco y de los trabajadores.
El legislador de Morena comentó que las leyes que se diseñaron en años anteriores favorecieron a unos cuantos y desdeñaron los derechos de trabajadores, bajo una lógica de obtención de ganancias. Sabemos que, quienes han hecho mal uso de la subcontratación, causaron pérdidas anuales al erario de más de 21 mil millones de pesos, agregó.
Sin embargo, aclaró, no es interés del Senado satanizar a nadie, ni marginar, perseguir o aterrorizar a persona alguna. Los objetivos de este ejercicio plural es lograr una regulación que no castigue a quien cumple con los requisitos legales, pero que sí sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario o no respetar los derechos de los trabajadores, subrayó.
El espíritu de estos ejercicios es escuchar a las autoridades competentes y a los sectores laboral y empresarial. Si trabajamos coordinadamente podremos alcanzar un consenso que nos permita construir un sistema de subcontratación que proteja derechos de los trabajadores, impulse la economía formal, aumente la productividad de las empresas y logre la armonía social, expresó.
Ricardo Monreal destacó que la pluralidad de esta mesa de alto nivel refleja la voluntad del Senado para alcanzar un consenso que beneficie al país. Recordó que el acuerdo fue impulsado por todos los partidos y aprobado por unanimidad en el Pleno, por lo que “este ejercicio tiene una gran legitimidad”.
Asimismo, anunció que los 12 artículos del dictamen, aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia, se discutirán uno por uno y “no nos vamos a mover hasta que tengamos un acuerdo todos juntos”.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, felicitó el esfuerzo realizado por la Junta de Coordinación Política y las Comisiones dictaminadoras para tratar este tema con la mayor apertura posible y permitir que se escucharan todas las voces de la sociedad antes de votar el dictamen.
La senadora aseguró que este ejercicio enriquecerá la solución al problema de la subcontratación ilegal; además, afirmó que la Cámara Alta siempre tendrá las puertas abiertas y otorgará las facilidades para realizar este tipo de encuentros. Que el orden y la legalidad siempre imperen en el trabajo del Senado de la República, puntualizó.
En su turno, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, manifestó que la subcontratación ilegal es un cáncer que se debe atender de manera inmediata. Esta mesa, dijo, debe partir ya de una base y una realidad que nadie puede negar: esta práctica la tenemos que desterrar de nuestro país.
Mencionó que la subcontratación se entiende cuando se justifica en la actividad productiva, pero no se puede seguir tolerando estas prácticas que lastiman de manera fundamental el corazón de las relaciones laborales y golpea los derechos colectivos.
Se deben modificar las leyes para poder ser mucho más eficientes, por ello, agradecemos la participación en el Congreso, donde ya hubo un espacio de parlamento abierto para escuchar las diferentes voces y sectores. Ojalá que este espacio nos sirva para tener una legislación a la altura de las circunstancias y que erradique, de una vez por todas, la subcontratación abusiva en nuestro país, puntualizó la funcionaria federal.
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, señaló que la subcontratación abusiva afecta a las instituciones, a la competitividad económica, a las empresas y, principalmente, a las y los trabajadores. Ellos deben ser la principal motivación por la que estos espacios son tan concurridos, apuntó.
Agregó que la política debe servir para incorporar las opiniones que parezcan encontradas y escuchar todas las voces para incorporarlas al debate y construir acuerdos. Indicó que este proceso debe encontrar a todos los sectores de la sociedad en la causa de la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México.
En tanto, Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, indicó que el argumento de que la subcontratación es culpable de la precarización laboral debe dejarse atrás, pues los empleados bajo este régimen representan casi el 25 por ciento del personal remunerado de las empresas y reciben un salario promedio mensual superior al 68 por ciento de los trabajadores mexicanos. Esta práctica no es equivalente a bajos sueldos, subrayó.
Afirmó que la regulación establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo no ha terminado de instrumentarse a cabalidad, por lo cual no debe reformarse algo que no ha sido aplicado por suficiente tiempo. Para ello, aseguró, se necesita que el gobierno, las empresas formales de subcontratación y el sector patronal, colaboren para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente.
A su vez, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), afirmó que al regular la subcontratación se generaría un mercado para las empresas ilegales, considerando el número de micro y pequeños empresarios que hay en el país, quienes enfrentan enormes barreras para cumplir con los excesos de la normatividad.
Consideramos, dijo, que antes de cambiar la Ley Laboral, es necesario atacar las prácticas de elusión y evasión fiscal mediante la aplicación de los recientes cambios al Código Fiscal en las Leyes de Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional. Los cuales otorgan herramientas suficientes a la autoridad para vigilar y sancionar a quienes han defraudado al erario, afectando a trabajadores y patrones.
“Todos sabemos que el uso de empresas fantasmas o fachada, así como las facturas falsas están íntimamente ligadas a la subcontratación ilegal”, destacó.
