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Secretario de Gobernación violó ley al promover revocación: INE

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El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó hoy que funcionarios federales y estatales, entre ellos el secretario de Gobernación Adán Augusto López, violaron la Constitución, la ley y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que dispuso medidas cautelares y en tutela preventiva ordenó que ajusten sus actos al marco legal.

También señaló que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y de Veracruz, Cuitláhuac García, así como el dirigente de Morena, Mario Delgado, violaron la Constitución.

De manera unánime el proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral confirmó la trasgresión del secretario de Gobernación durante su visita a Coahuila y Sonora, donde, contrario a las restricción constitucional y legal, promovió la revocación de mandato y habló a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La consejera Adriana Favela señaló que en esta violación están involucrados funcionarios de primer nivel federal y estatal, por su participación en reuniones donde se promovió la revocación de mandato y se hicieron expresiones a favor del presidente. “Hemos dicho en varias ocasiones que existe una prohibición a los funcionarios para pronunciarse en este proceso que tendría que ser netamente ciudadano. Hay una limitante a los partidos políticos que formuló la propia Corte al declarar inconstitucional que los partidos participen en la promoción”.

Cuestionó que incluso hoy, haya funcionarios que estén convocando a participar en una nueva reunión. Por todo ello, dijo que era procedente las medidas cautelares solicitadas por los partidos.

Ciro Murayama dijo que las quejas están relacionadas con “un fin de semana desafortunada para la democracia”, que se enmarca, dijo, “en una suerte de campaña política” donde también subordinados en el gabinete presidencial, promovieron la figura presidencial, e inclusive militares en funciones. Sin embargo, se pronunció que por el momento, el INE no se involucre en el presunto uso de recursos públicos por la posible utilización de aviones de las fuerzas de seguridad.

Fuente: La Jornada

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