El pleno del Senado, en sesión extraordinaria esta tarde, aprobó en lo general Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con 106 votos a favor y dos en contra, y de inmediato abrió la discusión de reservas presentadas por bancadas de la oposición.
Este dictamen es el primero del paquete de cinco legislaciones que se modifican para la implementación del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los coordinadores de los ocho grupos habían destacado que en comisiones los dictámenes se aprobaron por unanimidad, y en ese sentido esperaban las votaciones en el tablero electrónico.
La votaciones en contra fueron del senador Emilio Álvarez Icaza Longoria (sin bancada), quien explicó que en su momento también tuvo postura en contra de ratificar el T-MEC. En el mismo sentido se expresó en el tablero, la panista Martha Cecilia Márquez Alvarado.
Legisladores de la oposición enlistaron reservas al proyecto, una de ellas del suplente de Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Jorge Habib, empresario de Yucatán, quien expuso las dificultades de ser industrial en México y en su entidad.
La votación en tablero electrónico abarcó casi diez minutos, ya que sólo podían estar presentes al mismo tiempo hasta 50 personas, como parte de las disposiciones sanitarias preventivas de contagios de coronavirus.
El nuevo ordenamiento busca prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal; establece las sanciones y penas respecto de ellos; fomenta la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.
La nueva Ley mantiene la disposición para que una patente tenga una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud, y sujeta al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.
Los senadores precisaron que el derecho que confiere a una patente no producirá efecto alguno contra: “Un tercero que use, fabrique, venda, ofrezca en venta o importe al territorio de la Parte un producto amparado por una patente vigente cuando dichos actos se realicen con la finalidad de generar las pruebas, información y producción experimental necesarios para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana”.
Con ello, explicaron los senadores, se cumple con la llamada “cláusula bolar”, que permitirá realizar los preparativos necesarios para obtener el registro sanitario de un medicamento relacionado con una patente próxima a vencer.
En las consideraciones del dictamen, los legisladores destacaron que el sector farmacéutico es de relevancia por el impacto social, porque sus investigaciones y desarrollo permiten aliviar la salud de las personas.