Por unanimidad de 106 votos, el Senado de la República le corrigió la plana a la Cámara de Diputados y desapareció la obligación de las legislaturas locales de acatar las declaraciones de desafuero que emita la Cámara de Diputados y con ello, se destrabó la aprobación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Con las modificaciones al dictamen se mantiene la protección de los mandatarios estatales cuando sean sometidos a juicio de desafuero como fue el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
“… De haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos pudieran ser usados con propósitos políticos, ajenos a los de su objeto constitucional. En el caso del enjuiciamiento por responsabilidad penal del Presidente de la República se abría también la posibilidad de un escenario de crisis política, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro país, y finalmente, era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte…” Dijo la senadora del PRI , Claudia Ruiz Massieu.
“… El senado es custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes, tampoco se está legislando ad cassus contra Cabeza de Vaca, quien legisló a favor de Cabeza de Vaca 55 días después de desaforado fue el Congreso Local de Tamaulipas para tratar de evitar la suplencia una vez destituido por el desafuero…” Aseguró el senador de morena Germán Martínez.
Se establece que la ciudadanía podrá solicitar la declaración de procedencia para sancionar, destituir o incluso inhabilitar a los funcionarios de alto nivel, incluyendo al Presidente, que incurran en violaciones graves a la Constitución, las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales.
“… Claro que tiene fuero el Presidente y es correcto que lo tenga, no implica impunidad, si se cumplen los procedimientos se puede procesar a cualquier servidor público, por eso hoy decimos enhorabuena que ganó el consenso, el diálogo, la apertura…” Dijo el senador de PAN Damián Zepeda
Si la sección instructora considera procedente la solicitud, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación. El juicio político sólo podrá iniciarse mientras el servidor público se encuentre en el cargo o en el año posterior del encargo.
“… Este proyecto legislativo contempla procedimientos y reglas más claras para cuando un funcionario, incluyendo los de más alto nivel violenten la ley, hagan mal uso o roben recursos públicos puedan ser juzgados inhabilitados, destituidos o incluso encarcelados…” Aseguró Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre Senadora del PT.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos parlamentarios.
Fuente: Uno Tv.
