En el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República lamentamos lo ocurrido en
Culiacán, el día de ayer. Extendemos nuestras condolencias con los familiares de quienes
perdieron la vida, y nuestra solidaridad con el pueblo de Sinaloa, particularmente, con la
población de su capital.
Estos lamentables hechos no deben volver a suceder. Asimismo, expresamos nuestro respaldo a las autoridades estatal y municipal que, ante la crisis se movilizó para informar a la población y adoptar medidas de emergencia que permitieran proteger la vida de los habitantes de esa ciudad.
Hemos escuchado con atención las explicaciones del Gobierno de la República respecto a lo
sucedido. Es claro que todos coincidimos en que lo más importante es resguardar la vida de
la ciudadanía.
Sin embargo, es falso el dilema entre aplicar la ley y proteger a los ciudadanos.
Lo que se requiere es estrategia, uso de inteligencia, y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Elementos que, al parecer, no estuvieron presentes en el operativo del día de ayer.
Estamos convencidos de que la tarea de garantizar la seguridad en nuestro país es un tema
que nos atañe a todas y todos, pero no podemos “cerrar filas” ante la deficiente ejecución de un operativo mal diseñado, en el que se cometieron errores graves y se puso en peligro la vida de miles de personas, cimbraron la tranquilidad de los habitantes de Culiacán, e impactaron a toda la comunidad nacional.
Exigimos una investigación exhaustiva e imparcial sobre lo ocurrido, que permita deslindar las responsabilidades penales, civiles y administrativas procedentes; y demandamos que el
Gobierno de la República ofrezca respuestas claras de cómo se tomaron las decisiones, y la
forma en que se desarrolló el operativo. No basta con reconocer el fracaso, ante la magnitud de los hechos la ciudadanía exige claridad e información certera.
Las y los Senadores del PRI reiteramos nuestro reconocimiento y respaldo a las Fuerzas
Armadas que siempre han sido un orgullo para la nación y son ampliamente reconocidas por su eficiencia. Pero las autoridades civiles deben de conducirse con el mismo profesionalismo y eficacia.
La cesión del cumplimiento de la ley ante la amenaza del ejercicio continuado de la violencia, por parte de la delincuencia organizada, no cabe en un Estado de derecho. El deber de cumplir la ley no puede sujetarse a las imposiciones de fuerza de quienes cometen delitos. Si se cede la obligación de aplicar la ley, la población queda en el abandono ante la delincuencia y la impunidad.
Las instituciones que representan al Estado Mexicano no pueden abdicar del cumplimiento de sus funciones, por ello hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República para que cumpla íntegramente con sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad pública.
Cuando se renuncia al deber de que impere la ley, la autoridad se diluye y los derechos de las personas se conculcan.
Al Gobierno de la República le decimos que en el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado
de la República encontrarán apoyo en todo lo que sirva para mejorar la vida y recuperar la
tranquilidad de las y los mexicanos. Así lo hemos demostrado, por ejemplo, respaldando la
creación de la Guardia Nacional, y en muchas otras ocasiones. Sin embargo, no dejaremos
de exigir que se actúe con responsabilidad y firmeza ante el crimen y se ofrezcan soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia que aqueja a varias regiones del país.
