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Sheinbaum impulsará el plan de ofrecer vivienda social

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El incremento en el costo del suelo y que por años se ha priorizado la construcción de viviendas, cuyos precios oscilan entre 5 y 10 millones de pesos, generó un proceso de gentrificación en la Ciudad de México, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para revertir esta situación, dijo en conferencia de prensa, se promueven programas para que los ciudadanos vivan en la zona donde trabajan, como el de Regeneración urbana y vivienda incluyente, el cual, admitió, se vio afectado por la pandemia del Covid-19.

“Se nos atravesó la pandemia y eso disminuyó un poco la inversión en la ciudad, aunque ahora se inicia nuevamente; de hecho, en los pasados tres meses ha aumentado el número de empleos formales y, particularmente, el sector de la construcción ha tenido un incremento muy significativo”, dijo la titular del Ejecutivo local.

En los anteriores 20 años, según datos del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 400 mil familias fueron expulsadas a la periferia, de las cuales 100 mil llegaron a algunas de las siete alcaldías que poseen suelo de conservación.

Ante esta situación, en 2019 se inició el programa de regeneración urbana, cuyo propósito es rescatar diversas zonas de la ciudad que se encuentran muy deterioradas y ofrecer vivienda asequible, por lo que cada proyecto inmobiliario que se realice con esa estrategia, debe incluir 30 por ciento de vivienda de interés social; hasta ahora se tienen registrados cuatro proyectos: uno en Paseo de la Reforma Norte, dos en el Centro Histórico y otro en Vallejo, informó el citado instituto.

En cuanto a los asentamientos irregulares en suelo de conservación, Sheinbaum dijo que la estrategia de su administración es regularizar los que tienen más de 40 años de existencia, que en muchos casos ya cuentan con servicios básicos, con la condición de que no sigan creciendo, proceso que ya se ha iniciado en 21 ubicados en Tlalpan, y se trabaja en otros localizados en Xochimilco.

Se trata de comunidades cuya regularización ya está considerada en los programas de ordenamiento territorial o desarrollo delegacional, pero que no se había avanzado por diversas razones, como que los habitantes tenían que pagar por los servicios ambientales que se habían perdido; por lo que ahora se está dando la oportunidad de que haya trabajo comunitario para rescatar distintas zonas ecológicas.

Asimismo, en los que se encuentran en situación de alto riesgo por temas de protección civil se realizan labores de mitigación, que en muchos casos es de muy alto costo o se trabaja en su reubicación como en el caso del cerro del Chiquihuite, donde se trabaja en coordinación con el gobierno de la República.

En el caso de los que se encuentran en áreas de valor ambiental, subrayó que es difícil que se puedan regularizar, por lo que se analiza un esquema en el que puedan seguir viviendo ahí con el esquema de ecotecnias; es decir, que haya un aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual se prevé presentar una propuesta en ese sentido el año próximo.

Fuente: La Jornada.

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