Para que el servicio de taxi en terminales aéreas sea eficiente, competitivo con tarifas más bajas y que se reduzcan los tiempos de espera de los usuarios, el senador de Morena, Salomón Jara Cruz propuso reformar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Señaló que se deben eliminar las prácticas monopólicas y las distorsiones artificiales que afectan el mercado y la prestación de estos servicios, así como las tarifas, en zonas federales en las que se encuentran las terminales aéreas.
Salomón Jara indicó que esta función impacta a millones de viajeros al año, por lo que resulta de suma importancia que el servicio sea en beneficio de los consumidores.
El Legislador informó que los prestadores de servicio no se apegan a los principios de competencia que establece la Ley federal de Competencia Económica.
El proyecto, dijo, busca que los permisos que otorgue la SCT en el autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajusten a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes, los cuales deberán garantizar las máximas condiciones de seguridad y calidad en el servicio.
Salomón Jara afirmó que actualmente el servicio de taxis en las terminales aéreas de México opera con un modelo de acceso restringido, debido a que es necesario contar con un permiso otorgado por la SCT, así como firmar un contrato o convenio con administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios.
Lo anterior, denunció, ha originado que estos administradores restrinjan la oferta e impongan tarifas con sobreprecios.
Proponemos que los permisionarios cuenten con contratos con los aeropuertos para brindar el servicio; y establecer como uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT, la opinión emitida por la terminal aérea subrayó el senador de Morena.
En ambos casos, dijo, los administradores pueden actuar de forma discrecional al negarse a firmar los contratos, o bien, emitir opiniones negativas para que las agrupaciones no cuenten con los permisos de la SCT, ya que no está delimitado en la norma las razones por las cuales se podría o debería negar el acceso.
En este sentido, los aeropuertos pueden decidir con base en criterios poco claros y transparentes si un nuevo competidor entra al mercado.
En 2014, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas consistentes en el establecimiento de un acuerdo entre las agrupaciones de taxis del aeropuerto de la Ciudad de México para fijar las tarifas de este servicio.
Se estima que la conducta afectó a 12 millones de personas y que el daño al mercado –con base en el sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015– fue de 772 millones de pesos.
Esta instancia, recomendó modificar la normatividad vigente para que el servicio de taxis adopte un modelo de acceso abierto, que sean las condiciones del mercado las que determinen el número de vehículos que den la prestación de transporte individual de pasajeros desde los aeropuertos del país, de tal suerte que pueda participar en el mercado cualquier agente -como Uber, Didi, Cabify, etc- que garanticen las máximas condiciones de seguridad y calidad en el servicio.
El modelo de acceso abierto prevé distintos esquemas de cobro a los usuarios: taxímetro, en el cual se cobra una tarifa conforme a la distancia y el tiempo de recorrido; tarifa mínima, para asegurar un ingreso mínimo a los prestadores del servicio ante viajes cortos; tarifa máxima, para eliminar posibles cobros indebidos, y una combinación de estos esquemas, entre otros.
Jara Cruz aseveró que, se eliminarían las restricciones que existen para que cualquier interesado preste el servicio, solucionaría los problemas de subutilización de las unidades.
La Iniciativa con Punto de Acuerdo que busca reformar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Primera.
