A cinco años de la masacre de Tlatlaya, donde 22 personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Cabe recordar, que el 30 de junio de 2014 los militares fusilaron a las 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, versión que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó, y habló de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería.
Sin embargo, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes (15 según la comisión) fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.
“El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”, argumentó el centro defensor de los derechos humanos, por medio de un comunicado.
En marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.
