Por unanimidad, con 101 votos, el Senado de la República aprobó la minuta que reforma siete leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño.
El Pleno de la Cámara de Senadores dedicó la sesión de hoy a promover acciones legislativas que protejan, amplíen y salvaguarden los derechos de las mujeres y niñas, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
Las y los senadores modificaron el proyecto enviado por la Cámara de Diputados para precisar que la violencia política, en razón de género, es toda acción u omisión, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.
También, el impedir a las mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo público.
Explicaron que hay acciones u omisiones que se basan en elementos de género, cuando se dirigen a una persona por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella, tratándose de precandidaturas, candidaturas o cargos públicos del mismo tipo.
El documento especifica que la violencia política contra las mujeres puede expresarse al restringir o anular su derecho al voto libre y secreto, obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones, impedir su registro como candidatas, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género, entre otras prácticas.
Aunado a ello, describe el tipo penal de violencia política en razón de género y establece las penas correspondientes.
Señala que corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, promover la cultura de la no violencia, e incorporar la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión, que difundan noticias.
El proyecto contempla sanciones administrativas para quienes cometan violencia política en razón de género. Establece que cuando se acredite este tipo de violencia el INE ordenará que el infractor ofrezca disculpa pública para reparar el daño, utilizando el tiempo correspondiente, con cargo a las prerrogativas, de radio y televisión del partido político.
Asimismo, se establecen medidas cautelares y de reparación en casos de violencia política de género, con el objetivo de garantizar la mayor protección a las mujeres.
Otro de los aspectos que destacan de esta reforma, es el establecimiento de la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en sus candidaturas, así como la igualdad de condiciones, entre mujeres y hombres, en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones.
Al presentar el dictamen, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión Para la Paridad de Género, destacó que se da un paso histórico porque se hace realidad la demanda de tantas mujeres que han sido víctimas de discriminación, desigualdad y violencia por aspirar a ejercer el poder, a construir la patria o a un puesto de decisión.
Recordó que la violencia política en razón de género ha sido un tema que se intentó plasmar en diversos cuerpos normativos, desde hace muchos años y, hasta la fecha, no había sido posible.
Comentó que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales informó que, entre 2013 y 2016, se registraron 416 expedientes por violencia política de género. En tanto, entre enero y junio de 2017, se contabilizaron 87 víctimas más. Por ello, dijo, es necesario un diseño legal capaz de abordar de manera estructural esta problemática a nivel nacional.
El senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que con la reforma se busca eliminar la violencia política de género realizada por funcionarios electorales, públicos, municipales, estatales y federales. Además, los partidos políticos deberán establecer en sus documentos básicos las reglas de equidad para formular candidaturas en favor de las mujeres en los procesos electorales.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, dijo que “la lucha ha sido larga y llena de obstáculos que han tratado de bloquear el empoderamiento de la mujer en el país. La reforma será un parteaguas en la historia y significa una auténtica reivindicación de los derechos políticos de las mujeres mexicanas”, resaltó.
La senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que los partidos políticos y las instituciones deben poner un alto a quienes ejerzan violencia en contra de la mujer. Destacó que las reformas serán una herramienta integral para prevenir, atender, sancionar y reparar el daño que han sufrido las víctimas de violencia política de género.
Por el PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas agregó: “ya no se vale guardar silencio y aceptar el estado de cosas. La revolución del Siglo XXI nos pertenece”, porque hemos decidido desmontar el entramado perverso de patrones culturales, prejuicios y complicidades que han reforzado la violencia, la discriminación y la exclusión de las mujeres.
La senadora de MC, Indira Kempis Martínez, afirmó que el estigmatismo contra la mujer es una carga cultural, es una tradición de facturas que muchas hemos tenido que pagar, soportando un machismo lacerante, que lastima y minimiza.
Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del PT, expresó que el dictamen está dedicado a las mujeres que marcharon el 8 marzo, a las que participaron en el paro nacional de un día después: “nunca más se van a tomar decisiones sobre nosotras y sin nuestra participación”.
La senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, afirmó que es prioritario erradicar la violencia política, expresiones misóginas y machistas hacia las mujeres que participan a cargos de elección popular y toma decisiones. “Empecemos confiando en las mujeres que denuncian y protegiéndonos entre nosotras, independientemente del partido al que pertenezcan”.
Por el PES, la senadora Sasil De León Villard, indicó que la desigualdad por razones de género y las distintas formas de violencia en México, forman parte de los actos constantes que pretenden conservar y reproducir situaciones de subordinación que laceran a nuestra sociedad y nos ponen en riesgo constante que deriva en discriminación e incluso muerte.
La minuta, que modifica las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales, así como las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación, fue devuelta con cambios a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
